La CGT y las CTA suspendieron su convocatoria por el temporal aunque eso no detuvo la protesta. Distintos grupos sociales y vecinos decidieron sostener las protestas en la calle de forma independiente. Mientras tanto, el Senado debatía un paquete que ya perdió su capítulo más polémico, pero que sigue generando rechazo.
Este jueves Mar del Plata arrancó con alerta amarilla, ráfagas que podían llegar a los 90 kilómetros por hora. En consecuencia, la CGT Regional, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y la UTEP resolvieron suspender la movilización que habían convocado para las 17 frente al Palacio Municipal en rechazo al paquete de proyectos que el Gobierno nacional impulsa en el Senado. Sin embargo, diversas organizaciones políticas de izquierda, agrupaciones estudiantiles y movimientos sociales independientes decidieron mantener la convocatoria y concentrarse igualmente en los alrededores del Monumento a San Martín bajo el lema “Argentina no se vende”.
El capítulo que cayó antes de la sesión
El punto que más tensión generó en los últimos días ya no está en el texto que se vota. Los libertarios se quedaron sin el apoyo de gobernadores aliados y tuvieron que quitar el capítulo que modificaba la Ley de Tierras. Patricia Bullrich negoció y terminó entregando la cabeza de la iniciativa del ministro Sturzenegger.
La Cámara alta reanudó el debate que se había suspendido el pasado 16 de julio debido a las diferencias que había sobre el ahora eliminado capítulo sobre extranjerización de tierras. Para las centrales sindicales, ese retiro representa una victoria parcial. Pero la sesión continuó de todos modos. La iniciativa forma parte del proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada” e incorpora cambios en materia de expropiaciones, desalojos y uso de tierras afectadas por incendios. Esos puntos siguen en pie y siguen siendo rechazados.
Las organizaciones advierten que el retiro del capítulo de tierras no cierra el debate. Identificaron tres puntos que permanecen en el texto y que, según advierten, merecen el mismo nivel de alerta.
El primero apunta a los cambios en el destino de tierras afectadas por incendios, que podrían habilitar su venta aunque se trate de áreas estratégicas o bosques nativos bajo protección. El segundo apunta a la posibilidad de implementar desalojos express por mora en el pago de alquileres, en un contexto de endeudamiento creciente de los sectores más vulnerables. El tercero cuestiona las eventuales trabas para futuras expropiaciones que el Estado nacional considere necesarias, lo que podría restringir herramientas públicas vinculadas a políticas estratégicas.