En 2027, Mar del Plata y Batán cumplirán tres años sin una declaración de emergencia en materia de violencias por motivos de género. El expediente que busca reponerla lleva dos años recorriendo comisiones y sigue sin respuesta del Ejecutivo. El pasado jueves, a menos de una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la comisión de Políticas de Género que preside Eva Ayala (Acción Marplatense) recibió al Movimiento de Mujeres y Diversidades de Mar del Plata y Batán, que llegó con un diagnóstico, cifras y una propuesta de abordaje. Se fue sin avance en la declaración y, según sus propias palabras, violentada por la intervención del concejal del PRO Julián Bussetti. La comisión pasó a un cuarto intermedio de 24 horas, en la reanudación, la oposición formalizó el repudio.
Las cifras que nadie contesta
El relevamiento elaborado por el Movimiento junto a la Multisectorial de la Mujer compila la serie de femicidios en General Pueyrredón. 6 casos en 2023, 5 en 2024, 4 en 2025 y otros 4 en lo que va de 2026, además de intentos de femicidio que pasaron de 14 en 2023 a 6 en 2025. Los procesos judiciales iniciados por violencia familiar o de género, según datos del Ministerio Público bonaerense citados en el informe, pasaron de 5.463 en 2023 a 5.514 en 2025, con un pico de 22 denuncias por día en julio de 2025, el mayor registro desde 2021. Las denuncias en el Juzgado de Familia en el marco de la Ley 12.569, mayoritariamente por violencia psicológica y económica, fueron 8.503 en 2023 y 8.030 en 2025.
Esa escala contrasta con el estado de las políticas públicas, sostiene el Movimiento. El análisis presupuestario presentado ante la comisión indica que la Secretaría de Desarrollo Social acumula una caída del 5% en términos generales, mientras las partidas específicas del área de Políticas de Género registran una reducción real de entre el 16% y el 30% según la partida. “Ya solo mantener el mismo presupuesto estamos hablando de una reducción”, afirmó Lorena Medel, psicóloga e integrante del Movimiento, en diálogo con el Retrato. La organización advierte además que las becas de acompañamiento, la herramienta económica central en los procesos de salida de la violencia, no se están entregando con nuevas asignaciones y que el monto, atado al 65% de la jubilación mínima, se ubica por debajo de los 300 mil pesos.
Uno de los reclamos más concretos es la ausencia de un Observatorio de Violencia de Género que produzca información periódica y confiable. La información hoy se reconstruye de manera artesanal por las propias organizaciones. “No se puede trabajar sin información”, sintetizó Medel.
El reclamo tiene antecedentes. Tras la emergencia declarada en 2016, la Multisectorial integraba un observatorio de seguimiento de las políticas municipales que hoy no existe, al igual que el Observatorio del Delito que debería acompañar la agenda de seguridad local.
Una emergencia que lleva dos años trabada
El expediente 1224/24, presentado por el bloque Unión por la Patria en febrero de 2024 para restablecer la emergencia por un año, fue tratado en siete oportunidades y en siete ocasiones el Concejo reiteró pedidos de informes a las áreas de Desarrollo Social, Derechos Humanos y Políticas de Género sin obtener respuesta. La demora se extendió también durante los diez meses del interinato de Agustín Neme.
La concejal radical Vilma Baragiola, ex secretaria de Desarrollo Social hasta diciembre de 2025, amplió el argumento que le habría transmitido el gobierno de Guillermo Montenegro en 2023: que no podía declararse la emergencia local porque no existía una emergencia nacional ni provincial. Desde el Movimiento, afirman que los municipios son autónomos y pueden declararla sin esperar señales de Nación o Provincia. “¿De verdad piensan que Milei va a declarar la emergencia nacional en violencia de género?”, planteó Medel. La declaración, explican las organizaciones, no es un gesto formal: habilita herramientas administrativas ágiles, como protocolos de liquidación rápida de subsidios económicos, soluciones habitacionales transitorias, mayor dotación de recursos para la casa de medio camino y aplicación de la ESI en dependencias municipales.
El cruce y la violencia política
Según el relato de las referentes y de las concejales de la oposición, la intervención de Bussetti desvió el foco del debate. El concejal sostuvo que el aumento del presupuesto de seguridad también protege a las mujeres (en el transporte público, por ejemplo), equiparó esa inversión con la política de género y apuntó contra el peronismo al plantear que durante el gobierno de Alberto Fernández, con la existencia del Ministerio de las Mujeres, se registraban más femicidios. Bussetti no estuvo solo, la concejal de La Libertad Avanza Noelia Álvarez Ríos acompañó esa línea, sostuvo que hay que repudiar la violencia sin distinción de género.
Desde el Movimiento, desestiman que más seguridad equivale a menos violencia de género: “La mujer o diversidad muere dentro de su casa, a manos de un conocido. Que pongan más policías en la calle o más luminaria no va a salvar a una mujer de ese femicidio”.
Y define la especificidad del problema: “Son violencias distintas, tienen leyes de abordaje distinto, con lo cual cada una de esas leyes te va a plantear modos de abordaje distintos”.
Lo que el Movimiento denomina violencia política es la figura que la legislación vigente define como el conjunto de conductas que mediante intimidación, hostigamiento, descrédito o amenazas buscan menoscabar u obstaculizar la participación política de las mujeres. “Este concejal nos dice “chicas” a un montón de mujeres, entre otras técnicas, acompañantes de víctimas de violencia de género, y nos trata de irrespetuosas, cuando el promedio de edad es 50 años”, describió Medel.
La referente, fuera del planteamiento político y las formas “irrespetuosas” de Bussetti, hace hincapié en la desinformación e “ignorancia que manejaba” afirmando que “no es posible que alguien que
no esté debidamente informado integre una comisión. Podemos hacer discusiones, podemos estar en desacuerdo, pero no desde la ignorancia”.
El repudio en comisión
Este viernes, en el cuarto intermedio reanudado, la concejal Valeria Crespo (Unión por la Patria) tomó la palabra para formalizar el repudio. Remarcó que las organizaciones concurrieron de manera respetuosa, con datos empíricos, y que la provocación fue del lado del oficialismo. “Continuamente a esto es lo que nos referimos: el concejal provoca y provoca”, afirmó. La presidenta de la comisión, Eva Ayala, adhirió a las palabras de Crespo. Melisa Centurión (Acción Marplatense) se extendió a advertir que naturalizar la provocación daña a la democracia. “Cuando lo comenzamos a naturalizar, como lamentablemente está comenzando a suceder en este recinto, la que pierde es la política”, señaló.
Baragiola, en cambio, relativizó el episodio, consideró que fue un intercambio de ida y vuelta donde ambas partes pudieron expresarse. Álvarez Ríos sostuvo que ella, sentada al lado de Bussetti, no vio la agresión que las organizaciones describieron.
El compromiso concreto que quedó sobre la mesa es conformar una mesa de trabajo con las organizaciones del Movimiento, aunque desde el sector advierten que propuestas similares ya recibieron respuestas favorables en el pasado sin concretarse. Los pedidos de informes al Ejecutivo, reiterados hoy por séptima vez, vuelven a fojas cero. Las organizaciones elaboraron un documento de repudio dirigido a lo ocurrido cuya presentación formal aún no fue decidida. En él sostienen que el concejal “no está en condiciones de integrar la Comisión de Género”, aunque aclaran que mantendría su banca. “No pedimos que lo saquen de ser concejal porque hay una porción de la ciudadanía que lo votó, pero no está en condiciones de ejercer ese lugar de representación ahí”.
