En el marco de la causa por Rumencó, Joaquín Negri, presidente del Colegio de Ingenieros Distrito II, sostuvo que las plantas de efluentes deben contar con un representante técnico matriculado que las opere y certifique para evitar incidentes.
El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires propone que cada planta de tratamiento de efluentes cloacales sea operada y certificada por un representante técnico matriculado, una figura que, según la entidad, ya exige la normativa y que el Consejo Superior precisó en una resolución reciente.
Su presidente en el Distrito II Mar del Plata, Joaquín Negri, ingeniero especialista en aguas y perito judicial, planteó en diálogo con el Retrato que el control estatal llega después de los incidentes y que falta un mecanismo preventivo. El planteo se produce mientras la Justicia tramita la causa por el presunto vuelco de efluentes de la planta del barrio privado Rumencó al arroyo Corrientes
Un control que llega tarde
Negri explicó que el Colegio trabaja desde hace años sobre las plantas potabilizadoras y de efluentes cloacales. Su diagnóstico es que el Estado provincial, a través de la ADA, que es la autoridad de aplicación, tiene “poca capacidad de personal para inspeccionar toda la provincia”, y que la policía ambiental interviene “después de que hay un siniestro, un incidente”. “No hay nada que sea preventivo”, sostuvo.
Atribuyó esa carencia a las bajas escalas salariales del sector público, que llevan a los profesionales a ejercer de forma independiente o en empresas privadas. Aun con más inspectores, señaló, la tarea sería correctiva. Autorizarían obras, pero no recorrerían cada barrio para comprobar el mantenimiento de las plantas.
El representante técnico
La propuesta consiste en que un ingeniero matriculado actúe como representante técnico de cada planta, del mismo modo en que un escribano da fe de un acto jurídico. Estaría a cargo de la operación y el mantenimiento, de la planificación de las tareas preventivas y de los análisis periódicos del efluente de salida. Esos estudios se respaldarían con un documento que acredite el cumplimiento de los límites de vuelco fijados por la ADA, ya sea por infiltración en tierra o por descarga a arroyos, como ocurre en Mar del Plata.
Para Negri, la garantía está en que se trata de un tercero que no firmaría algo ajeno a su control, “porque es un matriculado que puede llegar a ser sancionado”. Según explicó, el esquema quita presión al Estado, vuelve preventivo el control y resuelve un problema a los administradores de barrios y desarrollos urbanos.
La figura, afirmó, está muy instalada en el conurbano y el Gran Buenos Aires, mientras que en el interior de la provincia a veces no quieren “gastar en un profesional o no quieren invertir, porque en realidad no es un gasto”.
El Colegio lanzó una resolución en el Consejo Superior, dictada en La Plata, que se publica en el Boletín Oficial para toda la provincia. La norma fija los requisitos y las responsabilidades del representante técnico de plantas de efluentes y de agua potable, y los contratos deben pasar por el Colegio. Negri aclaró que “no es solamente un capricho del Colegio. De acuerdo a las leyes vigentes lo tienen que tener”. Indicó, además, que la entidad recibió “muchísimas consultas” en Mar del Plata y las respondió. El régimen alcanza también a industrias, grandes comercios y plantas potabilizadoras, donde debe garantizarse un agua segura, de grado alimenticio.
Responsabilidades
Consultado por Rumencó, Negri aclaró que no sabe si el barrio cuenta con un profesional vinculado a la planta. Afirmó que, de haberlo, “no está ejerciendo la ingeniería de forma legal porque no está presentando los debidos contratos y el control del Colegio de Ingenieros”. Agregó que lo que están seguros es que “no solo en ese barrio, sino en el resto de otros barrios, no hay un profesional responsable” que acredite el correcto mantenimiento de las plantas.
Riesgos para la salud
El especialista advirtió que el daño debe evaluarse mediante un estudio específico y enumeró los efectos posibles como la contaminación de las napas, afectación de los seres vivos, eutrofización y el crecimiento excesivo de algas que satura el oxígeno del agua y provoca la muerte de la fauna. Para quienes beban o se bañen en un curso contaminado, mencionó riesgos que van “desde una gastroenteritis, otitis o cualquier infección”.
En barrios con explotaciones propias de agua, donde OSSE no opera, una infiltración o pérdida de la planta puede derivar en coliformes fecales y nitratos en el agua de consumo. Algunas sustancias son acumulativas y otras de efecto inmediato.