A partir de este miércoles, el juez federal, Martín Cormick, comenzará a aplicar multas diarias de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
En la antesala a la 5° Marcha Federal Universitaria, que tendrá lugar este jueves 15 de octubre, la Justicia dio curso a la presentación realizada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) e instrumentó el cobro de multas como mecanismo coercitivo para forzar el acatamiento de la sentencia.
En esa línea, Cormick entendió que correspondía disponer multas diarias al “funcionario titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación”, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 100, inciso 1, de la Constitución Nacional y el artículo 5º de la Ley 27.798.
Es que, Santilli es el responsable de la administración nacional, por eso la decisión de intimarlo a él. Lo mismo había hecho su colega Alejo Ramos Padilla cuando le ordenó al por entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, asegurar el financiamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).
No obstante, el magistrado señaló que si bien las multas serán en un comienzo de $100.000, aclaró que podrían modificarse los montos y los funcionarios alcanzados por la resolución, si el oficialismo continúa sin aplicar la normativa, sancionada y ratificada por el Congreso de la Nación.
Mientras tanto, para este jueves está convocada la 5° Marcha Federal Universitaria, una jornada de protesta masiva que volverá a movilizar a rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), docentes, investigadores, nodocentes y agrupaciones estudiantiles en las principales plazas del país.
La movilización tendrá como reclamo central la exigencia de cumplimiento irrestricto de la Ley de Financiamiento Universitario, norma aprobada por ambas cámaras del parlamento y ratificada tras el rechazo al veto presidencial.
Desde la comunidad educativa denuncian que la administración libertaria continúa desconociendo la ley en la práctica mediante la omisión deliberada de partidas para gastos de funcionamiento, el atraso salarial que erosiona el poder adquisitivo de los docentes y la parálisis de los programas de becas y proyectos de ciencia y tecnología.