A horas de la quinta marcha federal universitaria, el exdiputado nacional del Frente de Izquierda y titular del Partido Obrero, Gabriel Solano, denunció penalmente al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, por el incumplimiento de la medida cautelar que ordena al Ejecutivo aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.
La presentación le atribuye a los dirigentes los delitos de desobediencia, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y solicita que se investigue la falta de actualización de los salarios del sector y de las becas estudiantiles.
Cabe mencionar que, la Ley de Financiamiento Universitario establece la recomposición de los salarios docentes y no docentes y la actualización de los fondos para las casas de estudio en la misma proporción que la inflación acumulada desde diciembre de 2023. Sin embargo, según la denuncia de Solano, el Gobierno continúa sin aplicar esas disposiciones pese a la decisión del Congreso de rechazar el veto presidencial y a las resoluciones judiciales que ordenaron su cumplimiento.
“Milei y Caputo tienen que responder penalmente por incumplir una medida cautelar firme que ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario”, sostuvo Solano, que acusó al Ejecutivo libertario de desconocer las resoluciones judiciales y profundizar el ahogo presupuestario de las universidades públicas.
El ex legislador del Partido Obrero recordó que, después de que el Congreso insistiera con la ley tras el veto presidencial, el Poder Ejecutivo la promulgó y suspendió su ejecución mediante el Decreto 759/2025. En los considerandos de esa norma, el Gobierno estableció que la ley “quedará suspendida en su ejecución hasta tanto el Parlamento determine las fuentes de su financiamiento”.
Por su parte, el juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, dictó una medida cautelar el 23 de diciembre de 2025, al considerar acreditada la “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico, a cargo de la demandada”. Posteriormente, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a rectores de universidades públicas, promovió un incidente de ejecución el 15 de abril de 2026.
La medida cautelar quedó firme el 25 de junio de 2026, cuando la Corte Suprema de la Nación rechazó el recurso extraordinario presentado por el Estado al considerar que la resolución “no revestía carácter de sentencia definitiva“. Sin embargo, pese a las intimaciones judiciales, Solano sostiene que el Gobierno continúa sin cumplir con la recomposición salarial vinculada a la inflación acumulada ni con la actualización de las becas Progresar, Belgrano y otras.
La presentación no apunta únicamente a Milei, sino también al ministro de Economía, debido a que la aplicación de la medida judicial requiere decisiones presupuestarias, como la reasignación de partidas y la liberación de fondos.
Para fundamentar esa responsabilidad, la denuncia cita el artículo 20 de la Ley de Ministerios 22.520, que establece entre las competencias de esa cartera la asistencia al Presidente en materia de política económica, presupuestaria e impositiva, además de la elaboración y ejecución del presupuesto, la distribución de rentas y la fiscalización de los gastos del Tesoro nacional.
Por eso, Solano solicita que avance la investigación penal contra ambos funcionarios, que sean citados a prestar declaración indagatoria y que se identifique a otros posibles partícipes, al tiempo que pide que se libre un oficio a la Oficina de Presupuesto del Congreso para que informe la incidencia presupuestaria estimada de la Ley de Financiamiento Universitario.
“Milei pretende gobernar por decreto, desconocer las leyes votadas por el Congreso y desobedecer a la Justicia cuando sus resoluciones afectan sus intereses. Vamos a defender el financiamiento universitario, los salarios de sus trabajadores y el derecho de los estudiantes. No estamos ante una diferencia de interpretación, estamos denunciando el incumplimiento de una orden judicial”, concluyó Solano.