Blas Taladrid, presidente de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), entiende que el problema de la limitación a los supermercados no es la competencia entre empresas sino el precio final que pagan los vecinos.
“Toda norma que vaya en esa dirección afecta principalmente los derechos del consumidor, más allá de la competencia comercial. Si lográs que la oferta se consolide en pocas manos, vas a terminar logrando que te fijen los precios y se armen oligopolios”, advirtió en diálogo con el Retrato.
Recordó que hace un par de años estaban previstas cinco bocas de Carrefour en la ciudad y que, tras exigir el cumplimiento de la ley provincial y de la ordenanza, esa oferta la terminaron cubriendo cadenas más chicas, como Menor Coste o Mercalito. “El mercado es bastante inelástico: salvo que haya un cambio de ámbito o una mejora muy fuerte del poder adquisitivo, nadie come más. Entonces la discusión es quién los vende y a qué precio los vende”, sostuvo.
Sobre los autoservicios de residentes chinos, coincidió a medias con el diagnóstico de García. “Lo que pedimos siempre desde el sector empresario es que se equilibre la cancha y sea pareja para todos. En un país donde tenés la mitad de la economía informal y la mitad formal, esa cancha está muy despareja”, indicó.
El candado provincial
Cabe señalar que algunos interpretan que con derogar la ordenanza no alcanza. La ley provincial 12.573 fija una relación entre cantidad de locales y población: un local en municipios de hasta 150.000 habitantes, dos hasta 300.000 y tres en los que superan esa cifra. General Pueyrredon está holgadamente arriba, de modo que el tope de tres sigue vigente aunque el Concejo borre su norma.
La ley exige además, sin excepción, el certificado de factibilidad provincial para instalar, ampliar o modificar una gran superficie. Y exceptúa de ese conteo a los mercados concentradores de frutas y verduras, a las cooperativas de compra minorista y a las redes de compra: esa excepción dejó afuera del límite a La Cooperativa Obrera.
Su artículo 7º, en tanto, prohíbe a los municipios sancionar ordenanzas de zonificación que habiliten estos establecimientos y declara nula de pleno derecho cualquier norma local que los contradiga. Es el argumento central del rechazo empresario.
“Nosotros no estamos yendo en contra de la ley provincial: estamos quitando un límite que nos autoimpusimos. En los 135 municipios hay muy pocos que repiten la normativa”, explicó García, que igual admitió el alcance real de la reforma: “Es más de índole práctico y declarativo. La ley provincial sigue existiendo y eso no se puede sortear”.
Del otro lado, la Provincia ya dio una señal. En septiembre, los diputados bonaerenses Alejandro Acerbo, presidente de la comisión de Comercio, y Ariel Archanco ratificaron ante entidades empresarias reunidas por la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA) que la 12.573 no se derogará, aunque aceptaron actualizarla.