Profesionales y transportistas se movilizaron frente a la Municipalidad de General Pueyrredon. Denuncian demoras de hasta 90 días en el cobro de prestaciones y cuestionan los bajos valores de los honorarios.
Un nuevo reclamo frente a las puertas de la Municipalidad de General Pueyrredon protagonizaron profesionales y transportistas vinculados a los servicios para personas con discapacidad, quienes buscan visibilizar la crítica situación económica que atraviesa el sector debido a los atrasos en los pagos y la falta de actualización de los honorarios.
Jésica Machado, presidenta de la Asociación Civil de Servicios para la Discapacidad, afirmó que en Mar del Plata son más de 700 los trabajadores afectados por las demoras, aunque remarcó que se trata de una problemática que alcanza a prestadores de todo el país.
“Cuando hablamos de prestadores somos profesionales de distintas ramas: terapistas ocupacionales, audiólogos, psicopedagogos, psicólogos, musicoterapeutas y también transportistas”, explicó.
Según detalló Machado, numerosos trabajadores acumulan entre 60 y 90 días sin cobrar prestaciones ya realizadas, incluso correspondientes a los meses de mayo y junio. Frente a esta situación, muchos deben recurrir al endeudamiento para poder afrontar sus gastos cotidianos.
“Hoy estamos pagando intereses por dinero que no estamos cobrando, que es nuestro y que otros están manejando”, cuestionó, al tiempo que denunció la existencia de “una gran timba financiera con el dinero de los prestadores”.
Pese a las dificultades, los trabajadores continúan sosteniendo los tratamientos debido al vínculo construido con las familias. Sin embargo, Machado fue contundente: “La vocación no alcanza para llenar la panza, no alcanza para pagar las deudas”.
Otro de los reclamos apunta al complejo circuito administrativo de los pagos, que comienza con la presentación de la documentación ante las obras sociales y atraviesa distintas instancias antes de que los fondos lleguen finalmente a los prestadores.
Finalmente, Machado cuestionó los valores establecidos por el nomenclador nacional. La hora de prestación ronda actualmente los 20.000 pesos, un monto que consideran insuficiente frente al costo de vida y a los valores de servicios profesionales similares.