Con la garrafa social ya por encima de los 30.000 pesos y un nuevo informe del Isepci que ubicó el promedio en $32.000, Facundo Villalba, referente del Movimiento Evita y director del IPAC, profundizó con el Retrato el relevamiento que su organización viene realizando desde la desregulación del gas envasado. Según sus datos, el aumento acumulado ya llega al 218%, mientras que el Salario Mínimo, Vital y Móvil subió apenas un 38% en el mismo período.
El precio de la garrafa de gas envasado sigue en ascenso en los barrios populares de Mar del Plata, y las cifras de distintas organizaciones sociales confirman la tendencia. El Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), que dirige Facundo Villalba, había relevado hace poco más de un mes un valor promedio en torno a los 30.000 pesos, mientras que el informe más reciente del ISEPCI lo ubicó esta semana en $32.000. “Tiene lógica porque los precios siguieron aumentando”
El dirigente puso ese número en relación con la evolución de los ingresos populares. “En el mismo período, el Salario Mínimo, Vital y Móvil aumentó un 38%. Antes de la desregulación, un Salario Mínimo alcanzaba para comprar 31 garrafas; después, alcanzaba para comprar apenas unas 13”, detalló, en una comparación que, remarcó, expone la pérdida de poder adquisitivo de los sectores más vulnerables frente a un bien que consideró indispensable para calefaccionarse y cocinar.
46.194 familias sin gas de red, y formas de calefacción “sumamente peligrosas”
Villalba coincidió con el dato que también citó el Isepci, 46.194 hogares de General Pueyrredon, cerca de una cuarta parte del total, no cuentan con acceso a la red de gas natural, según el último Censo Nacional de 2022. Ante la imposibilidad de afrontar el costo de la garrafa, muchas familias recurren a alternativas de calefacción riesgosas. “Y después lo vemos, lamentablemente, año tras año, incendios de viviendas precarias, de casillas, intoxicaciones por monóxido de carbono”, advirtió, y sumó el riesgo de la sobrecarga de instalaciones eléctricas precarias cuando las familias optan por caloventores o pantallas eléctricas como sustituto del gas.
Críticas al nuevo esquema de subsidios
Consultado sobre el sistema de reintegros que reemplazó al histórico programa Hogar, Villalba criticó su implementación. Según explicó, el mecanismo actual exige que el subsidio esté cargado a nombre de una persona con cuenta en el Banco Nación y que la compra se realice en un comercio adherido al servicio, requisitos que, a su entender, complejizan innecesariamente el acceso al beneficio. “Lo que nosotros vemos es mucha falta de información, con lo cual muchas familias han dejado de acceder a este servicio”, señaló, y confirmó que, junto con la concejala Eva Ayala, presentaron un pedido de informe en el Concejo Deliberante para que la Secretaría de Energía identifique los comercios adheridos y la cantidad de familias efectivamente inscriptas.
Los barrios más afectados en Mar del Plata
Según el relevamiento del IPAC, los valores más elevados se registraron en Parque Hermoso, en Playa Serena y Los Lobos, en la zona sur de la ciudad, en Sierra de los Padres y el cordón frutihortícola y en los barrios Malvinas Argentinas y Libertad. “En general, es en los barrios más alejados donde más caro está el precio de la garrafa”, resumió Villalba, y lo atribuyó a los costos de traslado desde los grandes centros de distribución, donde el valor puede conseguirse en torno a los 25.000 pesos, hasta los comercios de cercanía de los barrios más alejados, donde llega a los 32.000 o 33.000. “Eso también muestra la inequidad: donde más se necesita, más caro es el servicio”, sostuvo.
“Estructuralmente hay que volver a una regulación del mercado”
Para Villalba, la salida al problema pasa por una decisión de política nacional. “Mientras siga esta política, va a ser cada vez peor, porque los salarios van a seguir planchados y los precios van a seguir liberados”, planteó, y remarcó que la responsabilidad regulatoria sobre el mercado del gas envasado recae en la Secretaría de Energía de la Nación.
Aun así, reconoció márgenes de acción para otros niveles de gobierno. Consideró que el municipio “podría tener un rol más activo” en la distribución directa de garrafas a través de centros comunitarios, como ocurría en el pasado, y valoró la política de descuentos de la provincia a través de Cuenta DNI, aunque la calificó como un “parche” frente a un problema que, insistió, requiere una solución estructural. “El único ancla que tiene la economía hoy son los salarios de los trabajadores”, cerró.