El Sindicato se manifestó en contra de que sea el personal de seguridad quien realice el registro de datos de las personas supervisadas que concurren a las delegaciones ya que no están debidamente capacitados y se vulnera el principio ético que regula la tarea.
La Seccional Mar del Plata de ATE repudió la decisión adoptada por las autoridades de la Región 5 del Patronato de Liberados quienes dispusieron encomendar al personal de seguridad el registro de datos de las personas supervisadas que concurren a las delegaciones durante el horario en que se desarrolla la medida de retención de tareas. El Sindicato alegó que esto compromete la calidad de la intervención y el adecuado resguardo de los derechos de las personas.
“Expresamos nuestro más enérgico repudio a la decisión de las autoridades y advertimos a la comunidad que el registro de presentaciones y la intervención con las personas supervisadas constituyen funciones propias del personal del Patronato de Liberados, contratado por el organismo y debidamente capacitado para implementar las políticas públicas destinadas a esta población. La delegación de estas tareas en personal ajeno a dichas funciones compromete la calidad de la intervención y el adecuado resguardo de los derechos de las personas” expresó Diego Lencinas, Secretario Gremial de la Seccional Mar del Plata de ATE.
Para ATE “la decisión forma parte de una práctica que busca deslegitimar la organización y las medidas sindicales llevadas adelante por las y los trabajadores del Patronato de liberados, como forma de represalia y hostigamiento”.
Asimismo, se considera que “esta situación vulnera los principios éticos que regulan el ejercicio profesional establecidos por el Colegio de Asistentes Sociales y/o Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires, desconociendo la especificidad profesional y las incumbencias propias de quienes desarrollan estas tareas”.
Finalmente ATE reafirmó su compromiso “con una intervención profesional, ética y responsable, en defensa de los derechos de las personas supervisadas y de las condiciones de trabajo necesarias para garantizar una política pública de calidad”