El inicio de julio traerá una nueva ronda de aumentos en distintos servicios y rubros que volverán a impactar en el bolsillo de los bonaerenses. Tarifas de luz y gas, combustibles, alquileres, transporte, medicina prepaga y colegios privados encabezan la lista de incrementos previstos para el séptimo mes del año, en el marco del esquema de actualización mensual que mantiene el Gobierno nacional y de las revisiones contractuales vigentes.
En el caso de la energía eléctrica, los usuarios de la provincia de Buenos Aires afrontarán una nueva actualización tarifaria. Si bien los porcentajes definitivos dependen de las resoluciones oficiales, las estimaciones indican subas que oscilarán entre el 3,5% y el 8%, de acuerdo con la categoría del usuario y el nivel de subsidios que reciba. El servicio de gas natural también tendrá un incremento, en línea con la política de reducción gradual de subsidios y actualización de los costos de distribución y transporte.
Los combustibles volverán a registrar un aumento durante los primeros días de julio. El ajuste responderá tanto a la actualización de impuestos como a la política de revisión periódica aplicada por las petroleras, por lo que se espera un nuevo incremento en los surtidores, con impacto directo sobre los costos del transporte y de la cadena de abastecimiento.
Otro de los rubros que volverá a ajustarse será el de los alquileres. Los contratos aún alcanzados por la derogada Ley de Alquileres tendrán una actualización anual, mientras que los acuerdos firmados bajo el nuevo régimen aplicarán los incrementos establecidos en cada contrato, generalmente mediante índices de inflación o ajustes trimestrales o cuatrimestrales pactados entre las partes.
A estos incrementos se sumarán nuevas subas en las cuotas de la medicina prepaga y de los establecimientos educativos privados con aporte estatal.
Con este nuevo paquete de ajustes, julio volverá a representar un desafío para la economía de los hogares. Aunque la inflación mensual muestra una tendencia de desaceleración respecto de los niveles registrados el año pasado, la continuidad de las actualizaciones tarifarias y contractuales mantiene una fuerte presión sobre el costo de vida y obliga a las familias a reorganizar sus presupuestos para afrontar los nuevos valores de los servicios esenciales.