El fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, presentó una denuncia formal para que se investiguen presuntas irregularidades vinculadas con la concesión del estadio José María Minella y del Polideportivo Islas Malvinas, adjudicada por la Municipalidad de General Pueyrredon a la firma Minella Stadium S.A.
La presentación judicial solicita la apertura de una investigación por la posible comisión de los delitos de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, a raíz de una serie de interrogantes sobre la adjudicación, la capacidad económica de la empresa concesionaria y el origen de los fondos comprometidos para la ejecución del proyecto.
En su escrito, Pettigiani sostuvo que existe un riesgo concreto para el patrimonio de los contribuyentes marplatenses y reclamó una intervención urgente de la Justicia para determinar si los funcionarios involucrados actuaron conforme a la ley y resguardaron adecuadamente los intereses de la comunidad.
La denuncia recuerda que el 24 de julio de 2025 el Concejo Deliberante autorizó la adjudicación de la licitación para la explotación y puesta en valor del estadio Mundialista y del Polideportivo Islas Malvinas. La iniciativa fue aprobada con el respaldo de los bloques del PRO, La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, mientras que fue rechazada por concejales de Unión por la Patria, el Frente Renovador y Acción Marplatense.
La empresa adjudicataria, Minella Stadium S.A., está integrada por el grupo inversor brasileño Revee y la firma argentina Pro Enter. Al momento de la adjudicación, la compañía se comprometió a realizar inversiones por aproximadamente 40 millones de dólares durante los 30 años de concesión, con posibilidad de una prórroga de diez años adicionales.
Además, según se difundió públicamente, el proyecto contemplaba la realización de entre 30 y 35 eventos anuales en el estadio Minella y entre 50 y 60 en el Polideportivo, además de los encuentros deportivos habituales de fútbol y básquet.
Uno de los principales ejes de la denuncia está relacionado con el supuesto incumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa concesionaria. Pettigiani advirtió que, hasta el momento, no existirían evidencias públicas de la ejecución de las obras anunciadas y tampoco se conocerían detalles precisos del proyecto ni del contrato firmado entre la Municipalidad y la compañía adjudicataria.
Según expone el fiscal general, diversos concejales solicitaron información oficial al Departamento Ejecutivo para conocer el alcance de los compromisos asumidos, pero esos requerimientos no habrían obtenido respuesta.
En ese contexto, menciona las gestiones realizadas por los concejales Diego García, Gustavo Pulti, Horacio Taccone y Valeria Crespo, quienes reclamaron acceso a documentación que, según sostiene la presentación, debería ser pública y estar disponible para el control ciudadano.
Otro de los aspectos centrales de la denuncia se vincula con la situación de la firma brasileña Revee y sus presuntos vínculos con el grupo REAG Investimentos, involucrado en Brasil en una investigación conocida como “Caso Banco Master”, considerado por distintos medios como uno de los mayores escándalos financieros de ese país.
Pettigiani señala que el Banco Central de Brasil habría dispuesto la liquidación de REAG en enero de este año y que, posteriormente, João Carlos Mansur, titular del grupo, renunció a la presidencia del Consejo de Administración de Revee.
La denuncia destaca que estos antecedentes generan dudas sobre la solvencia económica de la empresa que recibió la concesión de dos de los principales activos deportivos y recreativos de General Pueyrredon.
Entre los interrogantes planteados en el escrito aparecen dos preguntas clave: si la Municipalidad entregó la explotación de ese patrimonio público a una empresa realmente solvente y si los fondos comprometidos para financiar las obras tienen un origen lícito.
El fiscal considera que la investigación deberá determinar no solo la capacidad financiera de la concesionaria, sino también si existe alguna vinculación entre el proyecto adjudicado y eventuales maniobras de lavado de dinero que actualmente son objeto de investigaciones judiciales en Brasil y Argentina.
La presentación incorpora además diversas publicaciones periodísticas que cuestionan la situación financiera de Revee y mencionan investigaciones relacionadas con operaciones financieras, clubes de fútbol y organismos vinculados a la actividad deportiva.
Como medidas de prueba, Pettigiani solicitó la declaración testimonial de los concejales que votaron en contra de la adjudicación, la incorporación de documentación periodística y el envío de oficios tanto a organismos brasileños como a la Municipalidad de General Pueyrredon.
En particular, pidió que se requiera información oficial a la Justicia de Brasil sobre los vínculos entre Revee y REAG, así como toda la documentación municipal relacionada con la licitación, adjudicación y ejecución del contrato.
Finalmente, el fiscal general reclamó la apertura inmediata de una investigación penal para determinar si existieron conductas delictivas, establecer las eventuales responsabilidades de funcionarios públicos y particulares involucrados y garantizar la protección del patrimonio público de los vecinos de General Pueyrredon.