Luego de la denuncia del Intendente Guillermo Montenegro a raíz de la ocupación de 140 hectáreas del campo “La Esconndida”, la causa quedó a cargo del juez Ariel Lijo, subrogante en el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 12 de Capital Federal. La misma está caratulada “usurpación, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público” por la cesión de tierras del Estado nacional a una agrupación vinculada a Juan Grabois para llevar a cabo un proyecto agroecológico en la zona de El Marquesado.
Están denunciado los funcionarios Eduardo Albanese, titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE); a Gabriela Carpineti, directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia; a Marcos Santucho, el titular de la Asociación Civil Tercer Tiempo; y a Osmar Núñez uno de los que estaba en los terrenos.
La definición se conoció este martes, tras el sorteo realizado en los tribunales federales de Comodoro Py. También surgió que la denuncia será investigada por el fiscal Federico Delgado.
Montenegro apuntó contra contra Eduardo Albanese, el titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), quien fue quien le cedió a una organización vinculada a Juan Grabois 140 hectáreas ubicadas en el kilómetro 553 de la ruta provincial 11.
También contra Gabriela Carpinetti, directora nacional de Promoción, Fortalecimiento y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que el sábado se presentó junto a los integrantes de la agrupación para garantizar que se hiciera efectiva la cesión de tierras.
Mencionó además a Osmar Núñez, uno de los “ocupantes”, y Marcos Santucho, el titular de la Asociación Civil “Tercer Tiempo”, la beneficiaria de la decisión administrativa de la AABE.
De acuerdo con la presentación judicial, la disposición de la extensión de tierra “se basa en la mera voluntad del representante de la AABE de entregar un inmenso inmueble a una asociación vinculada a los ‘amigos del poder’, persona jurídica esta que desde su inscripción en los organismos de control solo registra una observación al cierre de sus estados contables. Es decir, una asociación de dudosa existencia regular”.
Indica que “para simular esta arbitrariedad, recurre a fundamentos falaces, en tanto son inexistentes” y “se pretende que una asociación civil de objeto humanitario y recreativo lleve adelante una supuesta ‘custodia’ de un inmueble que nunca corrió peligro de ser intrusado”. Según Montenegro, “todo ello, lisa y llanamente para simular la entrega de tierras a título gratuito y sin otro objeto que su ocupación ilegal”.
Las normas en que la AABE fundamenta la decisión de utilizar un procedimiento de excepción para la entrega en custodia provisoria del campo a la asociación Tercer Tiempo “prevén que el inmueble de que se trate esté intrusado o con riesgo de serlo”, aclara el intendente.
Añade que “si bien en el convenio suscripto entre las partes se alude a que la solicitud se efectúa ‘en la preocupación por los numerosos hechos de intrusión y toma de terrenos que se dan en la zona’ (…) lo cierto es que esa circunstancia no surge del Informe 126/2023 emitido por la Dirección de Despliegue Territorial” del interior del país.