Menos trámites y tasas actualizadas por IPC: los cambios que Montenegro propone para las tasas 2027

El gobierno de Guillermo Montenegro ingresó al Concejo Deliberante los proyectos de Ordenanza Fiscal e Impositiva para el ejercicio 2027. Para el propietario, la Tasa por Servicios Urbanos tendrá un importe básico de 287.314 pesos y sus alícuotas crecerán un 42,13%, nueve puntos por encima de la inflación de referencia.

El gobierno de Guillermo Montenegro envió al Concejo Deliberante los proyectos de Ordenanza Fiscal e Impositiva 2027, las normas que fijan los tributos municipales del próximo año. Todavía no están aprobadas, deben pasar por comisiones y el recinto, así que lo que sigue son los cambios propuestos y lo que significarían para cada tipo de contribuyente.

Para el propietario

El capítulo con mayor impacto sobre el bolsillo familiar es el de la Tasa por Servicios Urbanos (TSU). El proyecto fija el importe básico en 287.314 pesos por inmueble, aunque ese valor es solo el punto de partida. El monto final de cada propiedad dependerá de su categoría de valuación fiscal, de si está edificada, es cochera o terreno baldío, y de los coeficientes de los servicios contemplados.

La variable que concentra el debate político es el porcentaje de incremento en las alícuotas. Un 42,13%, nueve puntos por encima de la inflación de referencia utilizada por el Municipio. Esa referencia es la variación acumulada del IPC del INDEC entre los meses de octubre de los dos años consecutivos, mecanismo establecido en el artículo 290 de la Ordenanza Fiscal vigente, el mismo que el Municipio usa desde hace años para ajustar tasas y que para 2026 había arrojado un aumento del 55% en la TSU. La diferencia sobre inflación, en este caso, se destina, según el Ejecutivo, a financiar la inversión en seguridad.

El resto de los tributos municipales se actualizará por ese mismo índice IPC-octubre-octubre, con excepciones específicas para conceptos vinculados al Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDeR) y al Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), con el argumento de restablecer una relación razonable entre el valor del tributo y el costo real de los servicios.

Lo que cambia para los comerciantes

Para comercios, industrias y prestadores de servicios, el eje principal de modificaciones es la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISH). El cambio más concreto es la eliminación de la obligación de presentar declaraciones juradas anuales informativas. El propio Municipio obtendrá esa información de sus registros. También desaparece la declaración jurada para incorporarse al Monotasa, el régimen simplificado para pequeños establecimientos. Ninguna de las dos omisiones será causal de sanción.

Los anticipos de la TISH pasarán a declararse mensualmente y de forma autónoma, con modificaciones en el tratamiento de los importes mínimos adicionales para los casos con varios titulares, y reglas específicas para asociaciones civiles con personería jurídica, cooperativas, sindicatos y mutuals.

Se mantiene además la facultad del Ejecutivo de reducir hasta el 50% la alícuota de la TISH para empresas que acrediten inversiones realizadas entre 2025 y 2027 o presenten un plan para el año próximo, condicionado a montos mínimos y a generación de empleo local.

Hay 330 trámites que desaparecen

El Municipio contaba con 418 derechos de oficina en 2019. El proyecto para 2027 lleva ese número a 88, eliminando así 330 conceptos, cerca del 79% del total. Entre las supresiones figuran los certificados de inspección técnica para el transporte de elementos, productos y personas, el permiso anual para vehículos de transporte escolar a domicilio, la tarifa por hora del gimnasio del Estadio José María Minella y el depósito de garantía exigido para publicidad en el espacio público.

En el ámbito deportivo, el proyecto incorpora la contratación mensual para instituciones y grupos escolares en atletismo, y una reducción del 50% en los importes cuando el uso de determinados espacios sea de media hora o menos.

Exenciones, cambios de nombre y condonaciones

La tasa motovehicular también muda de forma. La actual Tasa de Control y Patentamiento Motovehicular pasará a llamarse Tasa de Inspección Motovehicular, una denominación que, según el Ejecutivo, describe con mayor precisión el hecho imponible.

El cambio está en las exenciones, ya que desaparece la distinción vinculada al origen nacional del rodado, que pasa a definirse por el modelo del vehículo.

Además, quien obtenga una exención en la TSU la tendrá también en la Tasa de Alumbrado Público, por el mismo porcentaje y período.

Las exenciones cubrirán también espacios de evangelización y actividades deportivas o recreativas vinculadas al culto.

Las producciones audiovisuales que elijan Mar del Plata como escenario de rodaje tendrán un universo más amplio de servicios municipales exentos y la gastronomía a cielo abierto mantiene sus beneficios.

La propuesta incluye también la condonación de deudas de 2026 por Derechos de Oficina en la transferencia de licencias de taxis y remises, concepto que ya había sido eliminado del ordenamiento en febrero: las obligaciones impagas al momento de la entrada en vigencia de la nueva ordenanza quedarán saldadas.

El canje con las telecomunicaciones

Uno de los artículos menos visibles del paquete habilita al Ejecutivo a firmar convenios con empresas de telefonía, internet, televisión por cable y otros servicios de telecomunicaciones. Esas compañías pueden recibir exenciones totales o parciales en los Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos a cambio de brindar sus servicios de forma gratuita a dependencias municipales, establecimientos educativos, sanitarios u otras entidades públicas. El argumento oficial es mejorar la conectividad en sectores críticos sin erogaciones para las arcas del Municipio, aprovechando la infraestructura de red ya instalada. Es, previsiblemente, uno de los puntos a observar con mayor atención durante el debate legislativo.

Qué viene

Los proyectos deben recibir dictamen de las comisiones del Concejo y ser sancionados en sesión plenaria antes de fin de año para entrar en vigencia el 1° de enero de 2027. Si el recinto modifica alguno de sus artículos, algo probable en esta instancia, los importes y mecanismos finales pueden diferir de los aquí descritos.