El Gran Hotel Provincial se convirtió desde este jueves en la capital temporal de la persecución penal ambiental en la Argentina. El III Congreso Nacional de Fiscalías Ambientales, organizado por el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires y la Red Argentina de Fiscalías Ambientales (RAFA), reunío a alrededor de 340 inscriptos, con representantes de 20 de las 24 provincias y con invitados de Colombia, Ecuador, Costa Rica y Brasil, además de la presencia del fiscal general de Perú.
La apertura estuvo a cargo de Jorge Barraguirre, presidente de la RAFA, Julio Conte Grand, procurador general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, y Daniela Vilar, ministra de Ambiente de la Provincia. La primera jornada se centró en un diagnóstico federal y en la presentación de herramientas de intervención, con el mapa federal de delitos ambientales como pieza central.
Su construcción, a cargo de cuatro fiscales, uno por región, identifica las problemáticas más frecuentes de cada zona del país y busca diseñar estrategias de respuesta. En Cuyo, el foco está en la actividad minera, el agua y los pasivos ambientales, en el noreste y noroeste argentino, en la deforestación, la biodiversidad y la conflictividad social, en la región Centro-Pampeana-Metropolitana, en los agroquímicos, las cuencas y los residuos y en la Patagonia, en la biodiversidad y la tutela ambiental.
Del expediente individual a la estrategia
En diálogo con el Retrato, Barraguirre explicó que el congreso busca construir una agenda colectiva de conflictos socioambientales que no siempre pasa por el derecho penal. “Uno viene básicamente a intercambiar experiencias y a tener procesos de aprendizaje colectivos para poder ir formando una agenda de conflictos socioambientales. A veces eso se traduce en el combate a delitos ambientales y otras veces no: hay todo un panel dedicado a examinar las formas de actuación de los ministerios públicos que no son penales, es decir, sin llegar a que se haya tipificado un delito”, sostuvo, en referencia a las intervenciones preventivas que habilitan la Ley General del Ambiente, las leyes provinciales y el Código Civil y Comercial.
La prevención, remarcó, es el principio ordenador de esa agenda, porque la recomposición del daño ambiental es casi una promesa imposible. Para graficarlo, retomó el ejemplo que había usado el propio Conte Grand en la apertura: “Se te rompe un vaso, se te rompe un jarrón, y aunque tengas todos los elementos para recomponerlo, sabés que el vaso o el jarrón ya no es el mismo”.
El otro eje estratégico es el salto del caso individual a la mirada de conjunto. “Estamos analizando cómo pasar del examen del caso individual a tener una mirada estratégica sobre estos conflictos y por qué se producen. Y cuando están ligados a mercados ilegales, lo principal no debe ser el expediente o el legajo, sino impactar sobre esos mercados ilegales. Romper, quebrar esos mercados ilegales”, afirmó Barraguirre.
La RAFA tiene apenas dos años de vida. Su origen, contó Barraguirre, fue un grupo de chat de unos 20 o 25 fiscales y un procurador que se auxiliaban mutuamente en sus investigaciones, que se conoció presencialmente a fines de septiembre de 2024 en Villa La Angostura y que en abril de 2025 se constituyó como asociación civil. Esta tercera reunión anual, anticipó, tendrá continuidad: “La idea es todos los años producir procesos de autoevaluación para ver si efectivamente estamos impactando como queremos impactar, si estamos disminuyendo los conflictos socioambientales o no”