Valeria Romero Maisonave, referente departamental de Ambiente del Ministerio Público Fiscal de Mar del Plata, dialogó con El Retrato de Hoy en el marco del III Congreso Nacional de Fiscalías Ambientales que se desarrolla en el Gran Hotel Provincial. La funcionaria detalló las problemáticas que más causas generan en el departamento judicial. Su diagnóstico es que el eslabón que más falla es el control administrativo, con inspectores y recursos insuficientes.
Romero Maisonave, referente departamental de Ambiente del Ministerio Público Fiscal de Mar del Plata, recibió a el Retrato en el III Congreso Nacional de Fiscalías Ambientales y repasó el universo de conflictos ambientales que atraviesan al departamento judicial.
Fumigaciones, fertilizantes y lagunas en riesgo
La producción agropecuaria, muy fuerte en Balcarce y en los alrededores, genera el caudal más visible de causas con las fumigaciones ilegales y el uso de productos fitosanitarios. Pero la fiscal advirtió que el problema no se limita a los agrotóxicos. “Todo lo que introducimos al ambiente con las fertilizaciones también genera daños importantes. Las fertilizaciones aportan nutrientes, y ese exceso de fósforo y nitrógeno altera los ecosistemas, la biodiversidad de los espejos de agua, lagunas y arroyos. Es algo que está siendo estudiado”, detalló.
Le sigue en volumen la gestión clandestina y disposición irregular de residuos, tanto peligrosos como domiciliarios. “Hay muchos puntos donde la gente empieza a tirar sus residuos domiciliarios, estos hechos que parecen menores se convierten en un problema para los vecinos. Ahí tenemos un rol más activo: se toman fotos, se secuestra el auto, se forma causa penal”, describió. El circuito suele terminar en canteras de gran tamaño que funcionan como depósitos clandestinos, hasta que interviene la municipalidad para sanear la situación.
Cloacas clandestinas y una zona sur sin red
El tercer frente es el de los vertidos cloacales clandestinos. “Todo va a terminar en el mar. Cuando hay contaminación de mar, ya no tenemos competencia, pero sí cuando se está contaminando un arroyo o una laguna”, precisó la fiscal.
En ese marco, el sur de la ciudad concentra el problema más estructural. “El problema del sur es que tienen plantas de tratamiento privadas, porque son barrios, que se han sobrepoblado o no previeron la cantidad de población. Esas plantas empiezan a quedar chicas y tienen que ampliarlas. En el sur no hay red cloacal: no hay agua potable, esa es la realidad. Tienen pozos ciegos y no es agua potable”, advirtió Romero Maisonave, quien recordó que hay una causa en trámite contra Rumencó y que hubo otra por el caso de Arenas.
Balnearios, médanos y pericias con CONICET
El cuarto bloque es el de las intervenciones irregulares sobre playas, médanos y ecosistemas costeros, alteraciones en los perfiles de los acantilados, remoción y extracción de arena del sector público al privado. “Tenemos varias causas de esas y, por lo general, los procesados son los dueños o responsables de los balnearios”, reveló la fiscal, quien detalló que la fiscalía ha cerrado acuerdos reparatorios con reparaciones patrimoniales importantes cuyo destino son los refugios de animales, el INIDEP y el instituto de investigación costera, además del trabajo pericial con el CONICET.
“Las pericias ambientales no son fáciles y tienen un costo muy alto. Trabajamos en mesas de conjunto con el CONICET para coordinar hasta dónde podemos llegar, porque la investigación penal ambiental es muy compleja y no siempre se puede reconstruir todo el hecho”, explicó.
Romero Maisonave distinguió además dos perfiles de imputados: el que sabe que infringe la normativa y decide no cumplirla porque le conviene, y el que desconoce los procedimientos y, empujado por la causa penal, termina poniéndose en regla. Sobre el primer perfil, el patrón de que “es más fácil pagar la multa que hacer las cosas bien” es el que más se repite en la mayoría de las UTF o concesiones en general.
La deuda es preventiva
El diagnóstico de la fiscal sobre el eslabón más débil apunta a la parte administrativa de las autoridades administrativas. “No hay recursos, no hay inspectores. Necesitamos más control”.
Consultada por las licitaciones de las unidades turísticas fiscales de la costa sur, como la de Playa Redonda, evaluada por el municipio, según denuncias, sin estudios de impacto ambiental, la especialista extendió la problemática a los barrios privados: “Hay muchas obras de este tipo, podemos hablar de barrios privados, que avanzan sin estos papeles y luego son intervenidos por la Autoridad del Agua, una vez que la obra ya está hecha”.
Para la fiscal, se trata de zonas que antes eran campos, hoy deshabitadas, que reciben un impacto importante sobre el sur de la ciudad y que merecen un análisis con técnicos, peritos e ingenieros. “Al no haber planificación, volvemos siempre a lo mismo: necesitamos planificación urbanística. Y después llegamos nosotros, cuando el delito ya ocurrió. Mi función está ahí. Verificar que cada uno cumpla toda la normativa le corresponde a los otros poderes”, cerró.