La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata revocó por unanimidad el rechazo del amparo colectivo presentado por la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon contra la Ley 27.828, que elimina el descuento automático del 30% en la tarifa de gas para los hogares de Mar del Plata y Batán. El fallo, del martes 10 de noviembre, resuelve solo una cuestión procesal: el recorte sigue vigente y la suerte del beneficio quedará decidida en el Juzgado Federal N°4, que debe pronunciarse sobre la medida cautelar en los próximos días, antes de que Camuzzi emita las boletas de diciembre.
La batalla judicial contrarreloj que libra la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon para evitar que los hogares de Mar del Plata y Batán pierdan el descuento del 30% en la factura de gas entró esta semana en una nueva etapa. Ayer martes 10 de noviembre, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, integrada por los jueces Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Santiago Martín, revocó por unanimidad la resolución de primera instancia que había desestimado sin tratamiento el amparo colectivo presentado por el organismo municipal, y coincidió con el dictamen del Ministerio Público Fiscal, que ya se había pronunciado a favor de reconocerle legitimación.
El fallo, aclararon los propios camaristas, no juzga la validez de la ley si no que define únicamente que la Defensoría puede representar colectivamente a los usuarios afectados. El recorte del beneficio sigue vigente y las boletas previstas para diciembre mantendrán el nuevo esquema, salvo que el juzgado de primera instancia haga lugar a la medida cautelar solicitada.
De qué se trata el reclamo
El amparo se dirige contra la Ley 27.828, que eliminó la automaticidad del descuento del 30% en la tarifa de gas para los hogares de Mar del Plata y Batán y la reemplazó por una bonificación del 20%, condicionada a la inscripción en los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y limitada al precio del gas. En octubre, el defensor del Pueblo municipal, Marcelo Lacedonia, presentó la acción colectiva ante la Justicia Federal, dirigida contra el Estado nacional, el ente regulador y la distribuidora Camuzzi Gas Pampeana, para evitar que cada vecino debiera costear un juicio individual.
La causa cayó primero en el Juzgado Federal N°2, cuyo titular subrogante rechazó el amparo “in limine” al sostener que un Defensor del Pueblo municipal carecía de legitimación para cuestionar una ley nacional. Lacedonia apeló de inmediato, dentro del plazo de 48 horas. La Cámara revocó esa decisión con que “debe protegerse el federalismo y la tutela judicial efectiva de los derechos colectivos” y, como la Defensoría del Pueblo de la Nación está vacante desde 2009, no puede dejarse a los ciudadanos sin representación impidiendo que actúen los defensores municipales.
“El fallo de la Cámara tiene como efecto, por decirlo llanamente, poner a la Defensoría en la cancha, en el sistema judicial, en defensa de los intereses de los usuarios de General Pueyrredón”, sintetizó Marcelo Lacedonia en dialogo con el Retrato, y se apresuró a bajar las expectativas: “No podemos decir que es un triunfo judicial ni mucho menos, porque resuelve una cuestión procesal, pero era una condición sin la cual no habíamos podido continuar de confirmarse el fallo de primera instancia”.