A días de la visita del Papa León XIV a la Argentina, el Gobierno nacional amplió temporalmente las Reglas de Protección Aeroespacial y habilitó el uso de la fuerza como último recurso contra aeronaves de origen externo declaradas hostiles. Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, la medida estará vigente entre el 8 y el 11 de noviembre, y establece restricciones al tránsito aéreo y una coordinación reforzada entre autoridades civiles y militares para resguardar los actos previstos en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.
La disposición modifica las reglas aprobadas en 2016 para las Zonas de Operaciones Restringidas TMA Baires y TMA CBA, que comprenden sectores de alta circulación aérea alrededor de los aeropuertos y las ciudades de Buenos Aires y Córdoba. Entre sus principales cambios, el decreto habilita “el uso de la fuerza por parte de los medios del Sistema de Defensa Aeroespacial para el derribo y/o destrucción de vectores incursores de origen externo declarados ‘hostiles’”.
Según la norma firmada por Javier Milei, el empleo de la fuerza implicará utilizar el poder de fuego de la aeronave interceptora contra la estructura del vector incursor, con el propósito de anular su capacidad de vuelo e impedir que continúe su trayectoria. Para ello, también deberá contemplarse un plan que permita minimizar los riesgos de daños a la vida y a los bienes en la superficie.
El decreto establece que la aplicación de esta medida requerirá la comprobación de un “acto hostil”, una definición que comprende desde un ataque armado hasta el uso o la amenaza inminente de utilizar una aeronave como arma contra personas, intereses vitales de la Nación u objetivos estratégicos.
Entre los indicios que podrán ser evaluados se encuentran la presencia de armamento y la persistencia, pese a las advertencias, de una trayectoria, altura o velocidad compatibles con un ataque contra un blanco determinado. La declaración de hostilidad estará a cargo del comandante conjunto aeroespacial, una vez confirmada la situación.
Sin embargo, la autorización para aplicar la regla que habilita el empleo de armas deberá contar con la aprobación del ministro de Defensa, Carlos Presti. Es que, el decreto establece que el presidente Milei delegó esa atribución para el operativo y que no podrá ser transferida a otra autoridad, mientras que la intervención deberá realizarse a través de medios militares bajo el comando o control operacional de la autoridad de ejecución.
Por caso, la norma diferencia expresamente el procedimiento para las aeronaves civiles. Ante el incumplimiento de una instrucción, la respuesta prevista será su interceptación y la orden de aterrizar en el lugar que indiquen las autoridades, sin que esto implique una prohibición general de los vuelos durante los días del operativo.
En ese marco, el Comando Conjunto Aeroespacial tendrá a su cargo la conducción de la respuesta operativa y deberá coordinar con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) las restricciones que se apliquen al tránsito aéreo. El organismo civil, por su parte, deberá adoptar las medidas necesarias y brindar el apoyo requerido por el mando militar.
Visita del Papa: cuáles son los tres niveles de control del espacio aéreo
Cabe mencionar que, el decreto permite graduar las restricciones de acuerdo con la situación detectada y contempla la posibilidad de desviar aeronaves civiles fuera de un área afectada para preservar la seguridad operacional. En ese sentido, establece que “cada evento irregular configurará una degradación de la situación aeroespacial en la zona afectada, a los efectos de la aplicación de las Reglas de Protección Aeroespacial”.
Ante una irregularidad en alguna de las zonas restringidas, el Comando Conjunto Aeroespacial podrá asumir distintos niveles de conducción sobre el área y sobre los servicios de navegación aérea de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
El primer nivel es el control por coordinación, mediante el cual el mando militar informa al supervisor del servicio de navegación aérea para que adopte las medidas correspondientes y, cuando sea posible, desvíe los vuelos civiles de la zona involucrada. El segundo, denominado control total bajo subordinación directa, mantiene a los controladores en sus tareas habituales, aunque obliga a aplicar las restricciones que disponga el Comando Conjunto.
El nivel más amplio es el control total integral, que permite despejar el área de aeronaves civiles para que operen exclusivamente medios militares y deja todas las autorizaciones de vuelo bajo control militar, de acuerdo con lo establecido previamente. La decisión sobre qué nivel aplicar quedará en manos del comandante conjunto aeroespacial y dependerá de las características de cada situación.