La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó medidas de prueba preliminares en una de las denuncias presentadas en Comodoro Py 2002 contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios, por la presunta colaboración en el operativo que permitió la salida del senador brasileño Flávio Bolsonaro desde Puerto Iguazú hacia Estados Unidos
Entre las medidas que pidió la fiscal del caso Paloma Ochoa y ordenó la magistrada figura un pedido para preservar filmaciones de cámaras de seguridad del 27 al 28 de octubre, en el aeropuerto de Puerto Iguazú.
Además se libraron oficios para preguntar si se recibió notificación oficial de alertas o avisos desde Brasil sobre la situación judicial de Bolsonaro, quien partió desde ese aeropuerto rumbo a Miami junto a su esposa y sus dos hijas.
También se pidió un detalle a la Dirección Nacional de Migraciones sobre los controles que hubo sobre el avión y sus pasajeros, según se supo en fuentes judiciales.
Se trata de algunas de las medidas preliminares que pidió la fiscalía antes de resolver si dictamina a favor de impulsar la investigación de la denuncia que presentó el dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano, por supuesto encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales. Se pide determinar si existió alguna intervención ilegal de funcionarios argentinos en el ingreso y posterior salida del dirigente brasileño tras perder las elecciones de su país frente a Lula Da Silva.
La denuncia
Según la presentación de Solano, Bolsonaro ingresó a la Argentina por Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, y luego salió del país a las 23.30 del 27 de octubre a bordo de un vuelo privado de la empresa Baires Fly.
El denunciante sostuvo que el presidente Milei no podía desconocer la restricción para salir de Brasil que, según indicó, había dispuesto el juez del Supremo Tribunal Federal brasileño, Alexandre de Moraes.
Solano planteó que la eventual salida del territorio argentino exigía controles vinculados con la cooperación internacional y la situación judicial del dirigente brasileño. En ese sentido, solicitó investigar si los organismos estatales contaban con alertas, requerimientos o información previa sobre Bolsonaro.
La denuncia señala que Migraciones reconoció el ingreso del dirigente brasileño por Puerto Iguazú y su salida posterior en un vuelo privado. Solano cuestionó que no se hubieran aplicado restricciones y pidió determinar si existieron omisiones en los mecanismos de cooperación internacional.
Otra causa en Puerto Iguazú
En una causa paralela que tramita en la provincia de Misiones, el fiscal federal de Puerto Iguazú, Fabián Martínez, desestimó la denuncia contra Flávio Bolsonaro por su ingreso a la Argentina el pasado 27 de octubre, al concluir que no se habían cometido delitos ni detectado irregularidades en los controles migratorios y aduaneros.
Tras dictar la resolución, el fiscal dio intervención a la Fiscalía de Revisión, que deberá determinar si corresponde archivar la causa o ampliar las medidas preliminares de prueba.
En el marco del sistema acusatorio vigente en el fuero federal de Misiones, la diputada nacional Marcela Pagano, autora de la denuncia, cuestionó la decisión del fiscal y presentó otra denuncia ante la Justicia brasileña.
Según indicaron fuentes judiciales, las verificaciones preliminares realizadas por la fiscalía federal de Puerto Iguazú no detectaron irregularidades en los controles migratorios y aduaneros ni en la actuación de los agentes intervinientes. A partir de esos resultados, el fiscal consideró que no existían elementos suficientes para sostener una hipótesis delictiva.