El Colegio de Arquitectura y Urbanismo pidió vetar la ordenanza de casas contenedor y la promulgaron igual. Su presidente advierte por el área que controla las fachadas y por una caída del 20% en las presentaciones de planos.
El 7 de septiembre, el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la provincia de Buenos Aires, Distrito IX (CAUBA D9) y el Colegio de Técnicos, Distrito V pidieron al entonces intendente interino Agustín Neme que no promulgara la ordenanza O-21181, sobre construcción con contenedores marítimos reutilizados. La norma se promulgó igual y el reclamo nunca tuvo respuesta.
“No se comunicó nadie del municipio con nosotros. Tampoco pudimos reunirnos con el secretario de Obras porque en este momento no hay”, señaló Diego Domingorena, presidente del Colegio de Arquitectura y Urbanismo, en diálogo con el Retrato. La ordenanza, dijo, “tiene un montón de grises y de agujeros”.
Una norma sin mesa técnica
El Concejo Deliberante sancionó la ordenanza el 27 de agosto y el Ejecutivo la promulgó pese al pedido de veto. En la nota, firmada por Domingorena y por Diego Haag, presidente del Colegio de Técnicos, ambas entidades aclararon que no están en contra de construir con contenedores.
Nadie los convocó, tampoco a los ingenieros ni a las unidades académicas, y la norma toca el Reglamento General de Construcciones y el Código de Ordenamiento Territorial. Propusieron el veto parcial de los artículos 2°, 3° y 8° y una mesa de trabajo con colegios, cámaras, gremios y universidades.
El punto más grave, insistió, es la ausencia de control sanitario. “No se hace la trazabilidad del contenedor. Los contenedores transportan productos agroquímicos, productos tóxicos, la mayoría de las veces cuando llegan a puertos son fumigados por el tema de las plagas, y eso tiene que tener un control sanitario que en ningún momento ni siquiera lo menciona”, alertó.
¿Por donde pasa el aval burocrático?
La aplicación quedó en un área en transición: la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano está vacante desde el 5 de octubre, cuando se oficializó la salida de Jorge González, sin reemplazo definido. Pero Domingorena afirma que eso no bloquea los permisos, siguen en funciones la Dirección de Obras Privadas, las jefaturas de aprobación y los inspectores.
Domingorena recordó también que el gobierno nacional hizo desaparecer la Secretaría de Vivienda, que emitía el Certificado de Aptitud Técnica (CAT), el aval para los sistemas constructivos no tradicionales que verificaba habitabilidad y condiciones térmicas, acústicas e hidrófugas. “Ese certificado tampoco lo emite nadie. La verdad que está todo gris al respecto”, graficó. Su consejo para quien compra un módulo, entonces, es que un profesional siga la fabricación.
Fachadas sin control
El diagnóstico se extiende al control edilicio. La dependencia municipal de Mantenimiento Edilicio, que aplica la ordenanza 12.562 sobre fachadas y muros medianeros, está “totalmente desahuciada de personal”, aseguró el titular del Colegio. “Están trabajando con tres profesionales. Uno de ellos el año que viene se jubila y van a quedar dos. Sin administrativos”, detalló.
Domingorena habló de cuatro muertos por estos accidentes en la historia local.
Dos ciudades en paralelo que crecen al revés
“Siguen vigentes y se han acentuado”, respondió sobre aquellas dos ciudades que se producen en paralelo: “Si hay un proyecto, no lo conocemos y no es participativo, y se está resolviendo entre un grupo reducido de personas”.
Hacia el sur, describió barrios privados aprobados por el Concejo pero sin gas, sin conectividad y con desechos cloacales en los arroyos. Hacia el oeste, asentamientos y viviendas espontáneas sin infraestructura. “Primero generás los servicios y después mandás la gente a habitar. Acá se hace todo lo contrario”, planteó.
La consecuencia llega al agua. “Toda la zona sur, al no contar con red cloacal, tiene las napas más superficiales contaminadas. Entonces cada vez hay que perforar más profundo para conseguir agua potable”, explicó. Para muchas familias esa perforación resulta onerosa y terminan consumiendo agua de tanque.
En la costa sur, el Colegio marca lo que ocurre con “La Reserva Explanada”: más de ocho edificios de catorce metros junto a la playa y al arroyo Corrientes, con la tala de unos 750 árboles plantados en 1940 y un amparo vecinal en la Justicia. A eso suma la concesión de la UTF Playa Redonda, en Chapadmalal, y la destilería de gin proyectada junto al Faro de la Memoria, hoy judicializada.
¿Y qué pasa con el Código de Ordenamiento Territorial? “El COT es simplemente una herramienta que norma lo que vos planificás. Si no pensamos primero cómo queremos que crezca la ciudad, un código actualizado no tiene sentido”, sostuvo. Los 42 kilómetros actuales resultan “insostenibles, inmanejables y financieramente inviables”.
Menos planos y trabajo concentrado
La actividad tampoco acompaña, las presentaciones de planos en el Colegio caen un 20% interanual, mes a mes, por el costo de la construcción en dólares, la falta de crédito hipotecario y una informalidad creciente, con obra clandestina que no pasa ni por el Colegio ni por el municipio.
A eso se suma otro dato que llama la atención: “El 70% del trabajo profesional lo está haciendo el 5% de la matrícula, que es una barbaridad”. Y no ocurre solo entre arquitectos, sino también en las constructoras y proveedoras de servicios.
La desaparición del Procrear, cuyo fondo fiduciario se disolvió en noviembre de 2024, cerró esa canilla. “Diseminaba mucho el trabajo, no solo para los profesionales, sino también para las pequeñas constructoras y los corralones de barrio. Al no estar, eso también desapareció”, remarcó.