El gobierno de Javier Milei promulgó este martes la ley que establece la reducción del régimen de Zona Fría, con la eliminación de los descuentos generalizados en las tarifas de gas para 94 municipios de la provincia de Buenos Aires (entre los 1ue se destaca General Pueyrredón) , cuyos habitantes podrían afrontar importantes incrementos en las facturas durante los próximos meses.
A través del Decreto 1161/2026, publicado esta mañana en el Boletín Oficial, la administración libertaria oficializó la Ley N°27.828, que el Congreso sancionó el pasado 24 de septiembre y que modifica el esquema de subsidios diferenciales para las regiones del país con bajas temperaturas, con el objetivo de focalizar los beneficios en los hogares que cumplan determinados requisitos socioeconómicos.
La nueva normativa revierte la ampliación de la Zona Fría que el Congreso aprobó en 2021, por impulso del exdiputado nacional Máximo Kirchner, mediante la cual numerosas localidades bonaerenses accedieron a descuentos en sus facturas de gas por las condiciones climáticas de cada región. La modificación alcanza a distritos clave del interior de la provincia de Buenos Aires, como Bahía Blanca, General Pueyrredon, Tandil, Olavarría, Necochea, Pergamino y San Nicolás, entre otros.
En concreto, la reforma establece que los usuarios de las zonas incorporadas hace cinco años dejarán de recibir automáticamente las bonificaciones, aunque aquellos que cumplan con los nuevos criterios podrán solicitar una asistencia focalizada. En cambio, los hogares de la Región Patagónica, Malargüe y la Puna conservarán el régimen diferencial, por lo que el municipio bonaerense de Patagones mantendrá sus beneficios.
No obstante, la entrada en vigencia de la normativa, prevista para este mismo martes, abre la puerta a nuevos aumentos en las facturas de gas de los usuarios que pierdan los descuentos, cuyo impacto dependerá del nivel de consumo, la categoría residencial y las tarifas vigentes. A nivel nacional, las estimaciones difundidas durante el debate legislativo advirtieron que el recorte podría afectar a unos 3,35 millones de usuarios.
En ese sentido, la diputada nacional del Frente Renovador, Jimena López, había advertido que más de un millón de habitantes de la provincia de Buenos Aires podrían afrontar incrementos considerables como consecuencia de la eliminación del beneficio. Según una simulación que la representante bonaerense elaboró a fines de mayo, un usuario que abonaba $56.774 de gas pasaría a pagar alrededor de $81.000 por el mismo nivel de consumo, mientras que las facturas bimestrales podrían registrar diferencias superiores a los $100.000 en determinados escenarios de mayor demanda.
Por su parte, un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), de la Fundación Mediterránea, calculó que un hogar de Bahía Blanca con un consumo mensual de 118 metros cúbicos podría pasar de pagar $19.945 a $39.890 si pierde la bonificación.
En tanto, la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, había estimado que los usuarios excluidos del régimen podrían afrontar aumentos cercanos a los $15.000 mensuales, aunque las cifras definitivas variarán según cada situación.
El avance de la reforma también provocó el rechazo del Gobierno bonaerense y de varios intendentes de los distritos afectados, que cuestionaron las consecuencias económicas de la medida sobre los hogares de sus municipios. Uno de los primeros jefes comunales que expresó su oposición fue el intendente bahiense, Federico Susbielles, quien anticipó que su administración analiza alternativas judiciales para intentar frenar la aplicación del recorte.
En ese marco, el alcalde bonaerense confirmó que su equipo legal evalúa “los caminos judiciales que permitan suspender los efectos de esta norma”, frente a la pérdida del beneficio que alcanzaba a los usuarios residenciales de su ciudad. “Vamos a agotar todas las instancias para defender el bolsillo de los bahienses”, prometió Susbielles ante la posibilidad de que la modificación se traduzca en mayores costos para las familias.
Zona Fría: cuáles son los requisitos para mantener los subsidios de gas
Cabe mencionar que la ley que acaba de entrar en vigencia establece que los usuarios de las localidades alcanzadas por la ampliación de 2021 deberán cumplir una serie de requisitos para acceder a una bonificación adicional en sus facturas de gas, entre ellos, la inscripción en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (Resef). Asimismo, la normativa limita la asistencia a los consumos base y restringe el cálculo del descuento al precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST).
Entre los principales requisitos, la nueva legislación fija un tope de ingresos familiares equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar de cuatro integrantes, que actualmente representa unos $4.816.492,05 según las cifras difundidas. La norma también contempla a los hogares con integrantes que posean un Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, perciban una pensión vitalicia como veteranos de Malvinas o cuenten con un Certificado Único de Discapacidad (CUD), aunque en este último caso la Secretaría de Energía deberá evaluar la necesidad de asistencia económica.
Además, los solicitantes deberán residir en alguna de las subzonas bioambientales que contempla la normativa y acreditar las condiciones correspondientes para conservar el descuento. La cartera energética nacional tendrá a su cargo la reglamentación del procedimiento de asignación y validación de los beneficios, mientras que los costos de transporte, distribución e impuestos quedarán fuera de la base sobre la cual se calcula la bonificación.
Por último, la nueva legislación mantiene el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, que se financiará mediante un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte. El esquema permanecerá vigente hasta finales de 2031, aunque el Ejecutivo tendrá facultades para modificar el nivel del recargo dentro de los márgenes que establece la norma.