El activista de Chapadmalal “Kanki” Alonso declaró ante la Justicia por la causa de “turbación de la posesión”. Sostuvo que los informes policiales de la DDI no registran daños ni actos de violencia y pidió investigar las concesiones del sector del Paseo Costanero Sur.
En el marco de la causa penal que investiga protestas en la Unidad Turística Fiscal (UTF) “Playa Redonda” en Chapadmalal, el activista ambiental Kanki Alonso declaró en la indagatoria ante el fiscal penal Luis Alberto Ferreyra y desestimó la posibilidad de un acuerdo con la empresa querellante.
Tras el encuentro en sede judicial, Alonso explicó ante las decenas de personas que se acercaron ante la sede Judicial de Rawson al 1200, que en la citación realizó un repaso detallado del expediente, donde pudo responder sobre las acusaciones y dejar asentados antecedentes del conflicto ambiental en la zona del sur marplatense.
Rechazo a la mediación e irregularidades denunciadas
Durante la citación, la Fiscalía propuso nuevamente instar a una instancia de mediación entre las partes. Sin embargo, la representación del activista rechazó la propuesta, como ya lo había hecho el pasado 16 de junio, manifestando que la causa se sostiene en denuncias y ampliaciones sobre acontecimientos “materialmente falsos”.
“Queremos que se investigue la verdad material de los hechos y que, si se comprueba que hubo falsas declaraciones, se abra una investigación de oficio”, afirmó el referente del Observatorio Ciudadano Paseo Costanero Sur.
Asimismo, durante la exposición se incorporaron señalamientos sobre presuntos incumplimientos en los pliegos de bases y condiciones de las concesiones costeras del distrito, así como sanciones y multas previas aplicadas a los desarrollos privados en el área.
Contradicciones en las pruebas e informes de la DDI
Alonso remarcó que las declaraciones de la parte querellante, la firma Santiago de Compostela 1943 S.A.,y sus testigos no concuerdan con las pericias de la Delegación DDI incorporadas a la causa.
De acuerdo con el ambientalista, mientras la denuncia sostiene la rotura de cadenas y la colocación de nuevos candados para bloquear la tranquera de acceso, “los informes policiales no muestran una sola foto de una cadena ni un candado cortado”. En su lugar, el acta técnica solo describe una cadena cuyo tramo traba en una planchuela abierta, sin impedir el paso ni configurar una prueba material de daño o bloqueo.
Sin acreditación de violencia ni usurpación
En su descargo, el activista aseguró que la empresa imputó la figura de “turbación de la posesión” al no haber podido comprobar una intrusión o usurpación inicial en el predio.
“Para que se configure el delito de turbación debe haber mediado violencia o amenazas, y ningún informe policial o pericial en la causa acredita hechos de esas características”, concluyó Alonso, señalando que la imputación se apoya únicamente en testimonios contrapuestos con las evidencias del expediente.