La ordenanza de 2008 admite tres locales por cadena en General Pueyrredon y su derogación duerme desde noviembre en el Concejo. Los autoservicios chinos crecieron sin ese techo. El oficialismo habla de inversiones, la UCIP, de oligopolios y precios.
La Ordenanza 18.788, sancionada el 9 de octubre de 2008 y promulgada el 30 de ese mes, regula dónde y cuántos supermercados pueden abrirse en General Pueyrredon. El proyecto para derogarla quedó frenado en el Concejo Deliberante y el tope sigue en pie, mientras los locales que no responden a una misma bandera se multiplican en los barrios y en el centro.
El texto fija en su artículo 3º un máximo de tres locales por cadena de distribución en todo el partido. El límite alcanza a las bocas con titulares distintos que integran un mismo grupo económico y a las explotadas mediante franquicias. Las empresas que ya superaban ese número cuando la norma entró en vigencia pudieron conservar sus locales, pero no abrir otros nuevos.
Ese detalle no es menor. El propio expediente que impulsa la derogación sostiene que la ordenanza “busca proteger ciertas empresas a expensas de otras, simplemente por su preexistencia o magnitud económica”, y que “se legisló considerando exclusivamente un interés sectorial”.
El jugador que ya estaba en cada barrio en 2008 era Toledo, la cadena marplatense que entonces acompañó la sanción.
Un expediente frenado
El concejal Guido García (Coalición Cívica), presidente de la comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante, presentó el 27 de junio de 2024 un proyecto para derogar los artículos 3º y 4º de la ordenanza. El expediente 2024-E-1676 fue aprobado en Industria el 16 de octubre de ese año y quedó congelado un año entero en Obras.
El 18 de noviembre de 2025 volvió a moverse. Con una modificación firmada por el propio García, que propone derogar la ordenanza completa y trasladar los requisitos técnicos al Código de Ordenamiento Territorial (COT), obtuvo despacho en Obras por unanimidad, con abstenciones de Unión por la Patria, el Frente Renovador y La Libertad Avanza.
Una semana después, el 25 de noviembre, la comisión de Legislación lo trató y no lo despachó. Los concejales acordaron pedir un informe a la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda. La respuesta nunca llegó y ahí sigue el expediente, a diez meses de aquel movimiento.
“De momento no ha avanzado. Nosotros queremos que avance claramente. Es uno de los temas principales de mi gestión como concejal de estos cuatro años y vamos a hacer lo posible para que prospere antes de la finalización del mandato”, aseguró García en diálogo con el Retrato.
“Un absurdo ideológico”
El último texto en discusión elimina la ordenanza y conserva en el COT la zonificación y la categorización por superficie, con un cambio: la categoría C se divide en C1, de 601 a 1.200 metros cuadrados, y C2, de 1.201 a 1.799. Según precisó el concejal, esa subdivisión habilitaría corredores que hoy están vedados para esos tamaños, como 12 de Octubre o San Juan.
“Nos parece un absurdo ideológico que le pongamos un límite a quien se quiere expandir en una ciudad, y más en una ciudad que lo necesita porque ha crecido en su territorio”, definió García. Y preguntó: “¿Por qué tres? ¿Por qué tres y no diez? ¿Cuál es el criterio para fijarle un límite a algo sobre lo que la Constitución es clara, que tiene que ver con la libertad del industrial y del comerciante?”.
Para graficar el techo, eligió el caso de Coto, que abrió dos supermercados en la zona sur y que “podría ir al Centro o a Constitución, pero no a los dos juntos. No podría ir a Güemes ni a la zona oeste. Está limitado”.
Competencia desigual
Un caso aparte es el de los autoservicios de residentes chinos. “No tienen la misma bandera, pero hacen compras en común. Trabajan con una lógica bastante parecida a la de una cadena en la forma en que compran, pero al hacerlo de manera individual, con nombre y denominación comercial propios, se sortea la limitación”, planteó.
La ordenanza habla de “cadenas de distribución” y no de locales sueltos. Ese hueco explica que un formato que en 2013 ya sumaba 120 bocas en la ciudad, con un autoservicio cada diez cuadras según relevó entonces La Capital, haya seguido creciendo sin tope mientras las grandes cadenas chocaban contra el artículo 3º.
El concejal no plantea poner topes a los locales chinos, sino que todos jueguen con las mismas reglas: “Topes, ninguno. El tope lo tiene que poner el consumidor eligiendo a los que mejor servicio le prestan y los que mejores precios tienen. No con topes arbitrarios puestos por burócratas”. Y agregó: “El problema no lo tienen ellos, lo tiene la normativa”.
“Nosotros no estamos yendo en contra de la ley provincial (la 12.573 ) : estamos quitando un límite que nos autoimpusimos. En los 135 municipios hay muy pocos que repiten la normativa”, explicó García, que igual admitió el alcance real de la reforma: “Es más de índole práctico y declarativo. La ley provincial sigue existiendo y eso no se puede sortear”.