El ex secretario de Educación municipal analizó el origen y la acumulación de decisiones que, según su lectura, llevaron a la crisis presupuestaria de la educación municipal de Mar del Plata. Plus docente, FONID y el EMDER, en el centro del diagnóstico.
Luis Distefano, educador marplatense, ex secretario de Educación durante la gestión de Carlos Arroyo y ex director de establecimientos educativos, ofreció su lectura a el Retrato sobre la cadena de decisiones políticas que, a su criterio, llevaron al sistema educativo a la situación actual: insostenible en términos presupuestarios y con una deuda judicial que se arrastra por décadas.
El plus que nunca tuvo sustento normativo
En el centro del debate está el llamado “plus docente” o bonificación especial que cobran los docentes municipales por encima de lo que percibe cualquier otro docente de la ciudad. Distefano explicó que se trata de un beneficio que “siempre se incluyó en el presupuesto” pero que durante años careció de decreto o de ordenanza que lo respaldara formalmente. Funcionaba como un acuerdo implícito entre gestiones.
La bonificación tiene su origen en la diferencia entre las horas trabajadas y las horas reconocidas. “Los docentes por cargo trabajan 22 horas y media por semana. El plus cubría entre 8 y 10 horas más, lo que en algún momento representó un 30 y pico por ciento más que el resto de los docentes de la ciudad”, precisó.
Fue la Secretaría de Hacienda de la gestión Arroyo la que, en 2018, detectó la ausencia de respaldo normativo y tomó la decisión de modificar el cálculo de manera progresiva. La reacción no tardó en llegar. Distefano recordó que la medida generó la oposición del sindicato y del Concejo Deliberante, aunque aclaró que ningún docente fue perjudicado porque se garantizó la continuidad del cobro bajo otro concepto.
Montenegro revirtió la decisión
Cuando Guillermo Montenegro asumió la intendencia, una de sus primeras medidas fue restituir la bonificación mediante decreto. Distefano describió esa secuencia: “Así como se modificó, por la zozobra que generó, resuelve devolverlo o pagarlo a partir de ese momento”. Y la consecuencia de esa decisión, según el ex funcionario, se arrastra hasta hoy: “Las propias autoridades municipales reconocen que esto hace insostenible la administración presupuestaria del municipio”.
Lo que agrava el cuadro, planteó Distefano, es que los alrededor de 2.500 docentes municipales que perciben ese plus son financiados en última instancia por el conjunto de los marplatenses, incluyendo a los más de 25.000 docentes provinciales y privados que cobran sueldos sensiblemente menores. “Tenés una inequidad terrible: más de 25.000 docentes que dependen de escuelas provinciales o privadas cobran un sueldo, y 2.000 y pico de docentes municipales cobran más, a costa del Estado y de quienes pagan sus tasas e impuestos”, sostuvo.
El FONID: una deuda de décadas
A este escenario se suma otro frente abierto que es el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un componente salarial que durante años el municipio abonó únicamente a los docentes que recibían subvención provincial, dejando afuera a quienes no la tenían. “Es como si en una escuela privada, que recibe subvención y otras no, vos a los docentes no subvencionados no les pagás el FONID. Lógicamente vas a generar una demanda, y esa demanda el municipio la perdió”, definió Distefano.
La negligencia, reconoció, atravesó varias administraciones previas a la de Arroyo. Y el ex secretario fue crítico de la secuencia de prioridades que siguió Montenegro: “Le devuelve el código que legalmente podría sostener la decisión de Arroyo, pero no les paga lo que obligatoriamente debía pagarles, que era el FONID. Que además económicamente era mucho más manejable”.
El caso EMDER
Distefano amplió el diagnóstico e incluyó a el EMDER (Ente Municipal de Deportes y Recreación), cuyos docentes, según denunció, cobran la bonificación docente sin ser docentes frente a alumnos. “Vos te podés encontrar en el EMDER con profesores que cobran la bonificación y además cobran un 80, 100 o 120 por ciento en concepto de antigüedad docente, como si fueran docentes de escuela”, alertó. El ex funcionario indicó que dejó explicitada esa irregularidad en una denuncia formal ante la Auditoría General de Gobierno y el Tribunal de Cuentas, con número de expediente, y que la denuncia continúa vigente.
Un sistema que no es lo que parece
En cuanto al debate sobre el eventual traspaso de las escuelas municipales a la órbita provincial, Distefano aclaró un punto que suele perderse en la discusión pública: jurídicamente, las escuelas municipales ya son provinciales. “La ley de educación 13688 no le otorga a los municipios potestades educativas. Todas las escuelas son de la provincia de Buenos Aires”, señaló.
Lo que el municipio gestiona, precisó, son 84 servicios educativos de los cuales es propietario, pero sin autonomía curricular ni jurisdiccional. “Son provinciales gestionadas por el municipio. Así como el obispado gestiona escuelas católicas, la municipalidad gestiona 84 servicios educativos”.
El financiamiento que se perdió
El ex secretario apuntó además a la pérdida progresiva de financiamiento provincial y nacional como consecuencia de decisiones administrativas irregulares tomadas a lo largo de los años. “Al incumplir la normativa, por ejemplo al crear escuelas sin autorización de la provincia, fuiste perdiendo financiamiento. Aquello que en algún momento se había logrado financiar al 100% por el Estado provincial y nacional, lo termina absorbiendo la propia municipalidad”, explicó.
En ese marco, Distefano comparó la situación de Mar del Plata con la de otros municipios bonaerenses que utilizan el fondo de financiamiento educativo para dotar de tecnología, conectividad, mobiliario y transporte escolar a todas las escuelas de su territorio, sin distinción de jurisdicción. “Acá solo se paga a los docentes municipales”, resumió. Y la responsabilidad, subrayó, no recae sobre una sola gestión: “Esto atraviesa a todos los sectores políticos, porque los 24 concejales representan a todos”.