El abogado Gregorio Dalbón solicitó este lunes al juez federal Ariel Lijo la inmediata detención de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El reclamo es a partir de la confirmación del procesamiento del exfuncionario libertario y de la revelación de una auditoría del propio Gobierno que concluyó que hubo “desvíos que resultan técnicamente indefendibles”.
Dalbón, quien representó en varias causas a Cristina Fernández de Kirchner, es el denunciante del caso ANDIS. Aunque su presentación puede ser tenida en cuenta por el Juzgado Federal N° 11, esto es poco probable dado que no es querellante y no forma parte del expediente.
En noviembre de 2025, a poco de comenzada la investigación, el fiscal Franco Picardi ya había pedido la detención de Spagnuolo. El planteo fue rechazado por el juez Sebastián Casanello.
En los últimos días, el diario La Nación reveló los resultados de una auditoría que condujo el ahora exsecretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, quien renunció la semana pasada. También se había desempeñado como interventor de la Agencia de Discapacidad. La inspección interna en la ANDIS detectó sobreprecios, simulación de competencia entre empresas y desvíos hacia proveedores elegidos a dedo, entre otras irregularidades.
Entre los hallazgos más significativos, se detectó que, mientras Spagnuolo dirigía el organismo, el Estado abonó 425 millones de pesos por un sistema de válvulas bicaval transcatéter. El PAMI había adquirido el mismo producto poco tiempo antes por 124,2 millones de pesos.
En el rubro de ortopedia, se registraron sobreprecios que alcanzaron el 4239% respecto a los precios de referencia, además de la entrega de andadores de menores prestaciones que los adjudicados, cobrándose de todas formas el importe del artículo más costoso. Tan solo son algunos ejemplos de las irregularidades detectadas.
El documento firmado por Vilches asegura que se trata de “desvíos que resultan técnicamente indefendibles” e “inauditos”. A su vez, identificó a nueve proveedores de insumos médicos y ortopédicos que facturaron a través de la ANDIS más de $25.661 millones.
Los resultados de la auditoría fueron remitidos por el entonces interventor de la Agencia al Juzgado Federal N° 11 que subroga Lijo y al fiscal Picardi, a cargo de la investigación
El pedido de detención
En su escrito, Dalbón argumentó que la permanencia en libertad de Spagnuolo representa un riesgo concreto para el éxito de la investigación. El denunciante sostuvo que, al haber ocupado la máxima posición ejecutiva en ANDIS, el imputado posee un conocimiento detallado de la estructura administrativa, de los empleados que intervinieron en los expedientes y de los proveedores involucrados.
Esta situación, según la presentación, le otorga una capacidad de influencia que podría derivar en la ocultación o destrucción de elementos probatorios clave que aún deben producirse.
Dalbón resaltó que, entre las medidas pendientes de producción, se encuentra el peritaje de los audios para determinar científicamente si la voz de las grabaciones filtradas es la de Spagnuolo. La Cámara Federal porteña validó en los últimos días el estudio forense, ante un reclamo de la defensa del exfuncionario.
Por otra parte, el pedido de detención hizo hincapié en el peligro de fuga. El abogado recordó que Spagnuolo ya cuenta con una prohibición para salir del país desde el inicio de la causa. Además, señaló como antecedente que, durante los procedimientos de allanamiento ordenados en la causa, el exfuncionario no fue hallado en los domicilios declarados, sino que las fuerzas de seguridad lo localizaron posteriormente mientras circulaba en un vehículo dentro de un barrio privado de la localidad de Pilar.
Finalmente, la presentación del denunciante remarcó que la enorme dimensión económica de la maniobra investigada y la gravedad de las calificaciones penales —que contemplan penas de prisión de cumplimiento efectivo— incrementan la posibilidad de que el imputado intente eludir la acción de la justicia utilizando recursos económicos propios.
La Sala II de la Cámara, integrada por los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico, confirmó el procesamiento de Spagnuolo y de otros 18 acusados, entre los que se encuentran exfuncionarios públicos, intermediarios y empresarios del sector farmacéutico.
La investigación del fiscal Picardi encontró pruebas para afirmar que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se estructuró una asociación ilícita que manipuló el Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS). Este programa informático, que no contaba con la aprobación de la Oficina Nacional de Contrataciones, se utilizó de forma manual para invitar a cotizar únicamente a un grupo cerrado de droguerías vinculadas con los miembros de la organización.
Mediante la presentación de oferentes “pantalla” que cotizaban con valor cero o montos coordinados, simulaban una competencia para cartelizar las adjudicaciones de medicamentos de alto costo y baja incidencia (PACBI).
El fallo judicial detalló que Spagnuolo mantuvo encuentros frecuentes con el lobista y empresario Miguel Ángel Calvete, titular de varias de las firmas beneficiadas, como Indecomm SRL y Droguería Profarma SA. Las pruebas incorporadas al expediente demostraron que la empresa Indecomm transfirió $5.000.000 a Spagnuolo y costeó la compra de muebles para su vivienda particular en un barrio cerrado, registrando los pagos bajo conceptos comerciales ficticios.
La Cámara Federal también ratificó los procesamientos de Daniel Garbellini, ex director nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y de otros intermediarios y colaboradores de la estructura.