Denuncian nuevas irregularidades en Faro Norte y embisten contra el bar de gin

La controversia por la instalación de un emprendimiento gastronómico en el sector del Faro de la Memoria sumó un nuevo capítulo judicial. La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la Provincia de Buenos Aires, con el patrocinio del abogado César Sivo, denunció nuevas presuntas irregularidades vinculadas con la Sociedad de Fomento Faro Norte y el permiso otorgado por el Municipio.

Según surge de las actuaciones que tramitan ante el Juzgado Contencioso Administrativo a cargo del juez Simón Isacch, la entidad fomentista tendría su documentación irregular ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas desde hace más de ocho años, situación que, de acuerdo con la presentación judicial, podría comprometer la validez del procedimiento administrativo mediante el cual se habilitó el uso de las instalaciones.

La denuncia sostiene que la documentación de la Sociedad de Fomento no se presenta ante el organismo provincial desde el 31 de diciembre de 2017. A esto se suma que las personas que suscribieron la solicitud presentada ante el Municipio no figurarían inscriptas como representantes de la entidad ante Personas Jurídicas.

La cuestión no sería, según la Asociación, una mera formalidad administrativa. La falta de inscripción impediría obtener el certificado de vigencia y subsistencia de autoridades, documento considerado indispensable para acreditar la representación de una institución ante el Estado municipal.

Cuestionamientos al permiso municipal

El planteo judicial también apunta directamente al Municipio de General Pueyrredón. La Asociación sostiene que, si se hubiera aplicado correctamente la Ordenanza 9010, que regula a las entidades de bien público del distrito, los funcionarios municipales deberían haber advertido que la Sociedad de Fomento no cumplía con las condiciones necesarias para formular la propuesta.

La normativa establece que las entidades deben mantener actualizada su documentación en el registro municipal y comunicar las modificaciones de autoridades. Sin embargo, de acuerdo con las constancias publicadas por el propio Municipio, Faro Norte no habría informado modificaciones de autoridades en los últimos años.

En ese contexto, la presentación sostiene que el Ejecutivo municipal no habría realizado los controles necesarios antes de otorgar el permiso, pese a que posteriormente manifestó que los requisitos administrativos se encontraban cumplidos.

El proyecto gastronómico, en el centro de la disputa

La presentación también retoma declaraciones testimoniales incorporadas a la causa. Según esos testimonios, en ningún momento se habrían proyectado actividades sociales, culturales, deportivas o educativas en las instalaciones, pese a que ese tipo de actividades aparece vinculado con la finalidad de las entidades fomentistas.

De acuerdo con el planteo, el proyecto habría estado orientado desde un comienzo a la instalación de un espacio gastronómico por parte de BURBARREL SA, vinculado al emprendimiento Gin Restinga.

La Asociación considera que las nuevas constancias incorporadas al expediente refuerzan los cuestionamientos formulados desde el inicio del proceso y ponen en duda la legalidad del procedimiento administrativo.

En ese sentido, sostiene que el Municipio tenía la obligación de verificar la situación jurídica de la Sociedad de Fomento antes de avanzar con cualquier autorización.

La entidad denunciante afirma que “este caso vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos utilizados por el Ejecutivo municipal para otorgar permisos y concesiones y reclama que se determine la responsabilidad de los funcionarios intervinientes”.

Finalmente, la presentación sostiene que las irregularidades detectadas justificarían la nulidad de la ordenanza y del procedimiento administrativo que permitió avanzar con el proyecto gastronómico en el predio del Faro de la Memoria. La definición quedará ahora en manos de la Justicia Contencioso Administrativa, que deberá evaluar la documentación incorporada y determinar si existieron incumplimientos capaces de afectar la validez del permiso otorgado.