El PRO bonaerense recrudeció su ofensiva contra la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil y, tras el proyecto de repudio que encabezó el diputado Alejandro Rabinovich, el senador Guillermo Montenegro adelantó que presentará un pedido de jury contra la jueza Marta Elba Pascual, quien frenó por 60 días la aplicación de la normativa en toda la provincia de Buenos Aires.
La presentación cuestiona la resolución que Pascual dictó en el marco del habeas corpus preventivo colectivo impulsado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. En sintonía con los cuestionamientos que ya había expresado La Libertad Avanza, Montenegro criticó que un juzgado provincial haya frenado con alcance general la aplicación de la Ley 27.801, sancionada por el Congreso nacional y vigente desde el último sábado.
En ese marco, el legislador y exintendente de Mar del Plata puso el foco en la situación de las víctimas y rechazó los fundamentos de la medida cautelar. “Una vez más, toda la preocupación está puesta en el delincuente y nadie habla de las víctimas. De los que tienen miedo, de los que fueron robados, de los que se encierran cuando cae la noche. El Estado tiene que estar del lado de ellos”, sostuvo el referente amarillo.
El planteo de Montenegro sostiene que Pascual adoptó una decisión de “gravedad institucional” al declarar la inconstitucionalidad de la nueva regulación que baja la edad de imputabilidad. Además, la denuncia también cuestiona que la magistrada bonaerense haya tomado las deficiencias del sistema provincial de alojamiento de adolescentes como fundamento para suspender el régimen.
Cabe recordar que la funcionaria judicial, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, dio curso a la acción de habeas corpus presentada el pasado 31 de agosto por Gabriela Salicio, representante de una de las organizaciones que integra la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.
Guillermo Montenegro se sumó a la ofensiva del PRO contra Marta Pascual y pedirá su jury por haber suspendido la aplicación del Régimen Penal Juvenil.
Tras analizar el planteo, Pascual resolvió suspender preventivamente por 60 días la aplicación de la ley que amplió el universo de adolescentes alcanzados por el sistema de responsabilidad penal. En la resolución, la titular del juzgado consideró que el sistema bonaerense de privación de la libertad no cuenta con las condiciones materiales, institucionales y profesionales necesarias para afrontar un eventual incremento de jóvenes detenidos.
En respuesta a los argumentos de la jueza, Montenegro rechazó que una decisión cautelar pueda dejar sin efecto una política criminal avalada por ambas cámaras nacionales y avanzó con el pedido de jury que también promueven desde La Libertad Avanza. “Los jueces no están para decidir qué leyes les gustan y cuáles no. La política criminal la define el Congreso. Y si una ley es constitucional, se cumple”, remarcó.
En tanto, el escrito del parlamentario marplatense también incorpora las declaraciones públicas que Pascual realizó después de dictar la cautelar y pide que el Jurado examine si esas manifestaciones incidieron en la resolución final. De acuerdo con la presentación, la actuación de la titular del juzgado podría encuadrarse en causales de incompetencia o negligencia, incumplimiento de los deberes del cargo, graves irregularidades procedimentales y defección de la buena conducta exigida para el ejercicio de la función judicial.
Además de promover el proceso de enjuiciamiento, Montenegro solicitará el apartamiento preventivo de la jueza mientras avance el expediente y pedirá que, en caso de que el cuerpo compruebe las causales invocadas, disponga la remoción e inhabilitación de la autoridad judicial.
“Yo tengo claro de qué lado estoy: del lado de las víctimas, de los vecinos que quieren vivir tranquilos y de los que cumplen la ley. Por eso vamos a pedir el jury. Si faltan lugares para alojar a los delincuentes, que el Gobierno provincial los construya. La ineficiencia del Estado no puede ser la excusa para dejar de aplicar la ley”, lanzó.
LLA también avanzará contra la jueza que suspendió el Régimen Penal Juvenil
La ofensiva contra la jueza Pascual sumó otro frente en la Legislatura bonaerense, donde LLA anticipó que impulsará su juicio político, en sintonía con el pedido de jury que prepara Montenegro ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil.
La iniciativa, motorizada por el titular provincial de LLA, Sebastián Pareja, será presentada en los próximos días y se suma a los cuestionamientos opositores contra el fallo que dejó en suspenso la normativa nacional. “Marta Pascual es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada por el Congreso que viene a resolver un problema que la sociedad viene reclamando. Por eso, debemos pedir su enjuiciamiento”, cuestionó Pareja.
Según precisaron las autoridades libertarias provinciales, los legisladores bonaerenses del espacio trabajan junto a un equipo técnico en una presentación para avanzar en la remoción de la magistrada, quien dio lugar recientemente al “habeas corpus preventivo colectivo” que frenó la aplicación de la baja de la edad de imputabilidad a 14 años para adolescentes que cometan delitos.
Legisladores bonaerenses de La Libertad Avanza impulsarán el juicio político a la magistrada que suspendió por 60 días la aplicación del Régimen Penal Juvenil.
“La Justicia bonaerense lo único que logró con esta decisión es seguir garantizando la impunidad de los delincuentes. Los vecinos no podemos seguir siendo rehenes de un gobernador y una Justicia que avalan y defienden al delincuente por encima de las personas de bien”, afirmó el titular del bloque de LLA en el Senado, Carlos Curestis.
Por su parte, el presidente del bloque libertario en Diputados, Juan Osaba, rechazó el alcance de la resolución de Pascual y advirtió que la medida prioriza a quienes cometen delitos por encima de las víctimas. “Acá no hay argumento que sirva. Es una ley aprobada por el Congreso y vamos a llevarla a juicio político por esta decisión”, enfatizó el legislador, al tiempo que LLA apuntó contra Axel Kicillof y definió la suspensión como un “fallo político”.