Personas con discapacidad, prestadores y transportistas del sector se concentraron este miércoles en las escalinatas de la Municipalidad de General Pueyrredon para reclamar la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad,
Impuestos, subsidios y la base de Malvinas
Mattos cuestionó, además, la idea de que el Estado no dispone de recursos para sostener la emergencia, contrastándola con el gasto que en paralelo se destina a la construcción de una base naval en Malvinas. “La soberanía de un pueblo no es un mapa con gente arriba, sino la calidad de vida de toda su gente”, planteó. Recordó, también, que las personas con discapacidad también pagan impuestos directos e indirectos al igual que cualquier vecino.
Prestadores “totalmente desprotegidos”
Yésica Machado, prestadora del sector, describió una precarización que la ley, aun sin cumplirse en todos sus puntos, había logrado al menos encuadrar con un marco jurídico mínimo para el pago de honorarios profesionales. Su mayor preocupación, planteada horas antes de que se conociera el resultado de la sesión, era que el Congreso no lograra reunir el quórum necesario para tratar la prórroga, algo que, según trascendió después, terminó no ocurriendo: la oposición sí alcanzó los votos para forzar el debate. Machado sumó, además, una denuncia propia: aseguró que en un encuentro reciente con el superintendente de Servicios de Salud, lejos de hablarse de la prórroga, se mencionó un proyecto en danza para desregular el nomenclador de prestaciones, lo que obligaría a cada familia a negociar de manera individual con su obra social qué cobertura le reconoce.
Lo que argumenta el Gobierno
Desde que vetó por primera vez la ley, el argumento oficial no cambió: el Ejecutivo sostiene que la emergencia, tal como está redactada, no puede cumplirse sin comprometer el equilibrio fiscal, y su decreto de promulgación condicionó la ejecución de la norma a que el propio Congreso indique de dónde saldrán los fondos. Esa discusión sobre el financiamiento es, según el oficialismo, la que las comisiones de Discapacidad y Presupuesto deberán resolver antes del 23 de septiembre, la fecha que ahora quedó comprometida tras la sesión de este miércoles.