Las organizaciones sindicales de los sectores de Alimentación, Carne, UATRE y Molineros participaron este martes de una reunión en la Cámara de Diputados de la Nación con legisladores del bloque Unión por la Patria, con el objetivo de exponer la crítica situación que atraviesan las trabajadoras y los trabajadores vinculados al conflicto de Granja Tres Arroyos. Advirtieron sobre salarios impagos, despidos y el riesgo que atraviesan cerca de 7.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
Se hizo saber por parte del diputado nacional Sergio Palazzo, que se acordaron acciones conjuntas desde la Cámara de Diputados.
Además, el referente de Uatre Entre Ríos, Edgardo Maier recordó que este miércoles habrá una marcha de las entidades sindicales hacia el Ministerio de Trabajo para reclamar la urgente intervención de la Nacion para apoyar y acompañar a los trabajadores afectados por el conflicto.
Ante este panorama, las cuatro organizaciones coincidieron en establecer como prioridad la preservación de los cerca de 7.000 puestos de trabajo vinculados a la actividad, además de la continuidad de la producción. En ese sentido, sostuvieron que no deben ser los trabajadores quienes paguen las consecuencias de una crisis que no generaron.
Desde el comienzo del conflicto, los gremios aseguran haber realizado gestiones ante distintos niveles del Estado, organismos, autoridades y espacios políticos en busca de respuestas y alternativas para los trabajadores afectados.
En la reunión, los dirigentes sindicales destacaron la importancia de la representación gremial como herramienta para defender los derechos laborales y exigir respuestas ante una situación que, advirtieron, requiere soluciones urgentes.
Los gremios también valoraron la recepción de los diputados nacionales, quienes escucharon los planteos y manifestaron su disposición a impulsar mecanismos desde las comisiones de la Cámara de Diputados para convocar a representantes de la empresa, funcionarios provinciales y otros actores involucrados en el conflicto. Insistieron en que no se puede naturalizar la falta de pago de salarios, los despidos ni el riesgo de pérdida de las fuentes laborales.