A días de los primeros casos de adolescentes alcanzados por el nuevo Régimen Penal Juvenil en Mar del Plata, el Retrato recorrió la ciudad para conocer la opinión de los vecinos. Las respuestas fueron desde el reclamo de mano dura hasta la desconfianza hacia un Estado que, coinciden varios, no está preparado para lo que la propia ley promete. Surgieron horas antes de que este lunes una jueza bonaerense suspendiera por 60 días la aplicación de la normativa en toda la provincia.
La Ley 27.801, que bajó de 16 a 14 años la edad de imputabilidad penal en todo el país, entró en vigencia el sábado 5 de septiembre. Esa misma noche, Mar del Plata tuvo sus dos primeros casos bajo el nuevo régimen, con desenlaces opuestos. En un galpón de Gianelli al 2600, jurisdicción de la comisaría quinta, la Policía encontró escondidos a dos adolescentes de 15 y 17 años con un revólver calibre 32 largo. El fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Walter Martínez Soto, los imputó por robo agravado por escalamiento y portación de arma, pero la jueza de Garantías Libertad Cordido rechazó el pedido de detención y el menor de 15 recuperó la libertad a las pocas horas. Ese mismo sábado, en barrio San Cayetano, otros dos adolescentes, de 14 y 15 años, golpearon a un remisero de 61 años en la calle República Árabe Siria al 1900 para robarle el auto, y tras una persecución policial terminaron detenidos en el Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán. Son, hasta nuevo aviso, los primeros menores efectivamente alojados en un centro de detención marplatense desde la entrada en vigencia de la ley.
“Esto sale de las casas”
Entre los vecinos consultados hubo coincidencias y matices marcados. Mari Fernandez, abuela y vecina de la ciudad, ubico el origen del problema en la crianza y en la falta de respeto y de educación en las familias. Un diagnóstico que la llevó incluso a evocar el servicio militar obligatorio como remedio, aunque reconoció que esa alternativa ya no existe. Sobre los dos adolescentes detenidos en San Cayetano, los primeros de la ciudad en pisar una institución de encierro bajo el nuevo régimen, fue escéptica: “si de la cárcel de adultos se sale peor”, dijo, “no creo que estos chicos vayan a madurar ahí adentro”
Otras dos vecinas llegaron a una posición similar de apoyo a la ley, aunque partiendo de experiencias personales con el delito. Analía Majul, que en el último mes sufrió el robo de su auto en la puerta de su casa y, días atrás, un intento de entrada por el techo, se mostró totalmente de acuerdo con la baja de imputabilidad. Entre los responsables de uno de esos hechos, aseguró, reconoció a un menor. Aun así, planteó que la medida necesita ir acompañada de un plan real de reinserción y estudio para los chicos, porque de lo contrario, advirtió, la cárcel solo va a enseñarles a delinquir mejor.
María Elena Suárez, jubilada de 62 años del barrio La Perla, describió un temor cotidiano por vivir sola y celebró que ahora exista una ley que responsabilice a los menores, pero contrastó ese alivio con el caso del adolescente armado que fue liberado a las pocas horas: si los institutos de Batán están saturados y no hay psicólogos ni talleres reales, advirtió, los chicos van a salir peor de lo que entraron.
Las dudas sobre qué hay después de la detención
Ayelén Martínez, de 29 años, estudiante y empleada de comercio en el centro, fue la voz más crítica hacia la nueva ley, aunque tampoco la rechazó. Reconoció que hechos como el robo al remisero o el hallazgo del adolescente armado imponen la necesidad de algún límite, pero remarcó que a los 14 años el desarrollo cerebral todavía está en curso y que buena parte de esos chicos delinque empujada por el hambre, la falta de futuro o bandas que los captan. Definió a la nueva ley como una “fábrica de delincuentes adultos” antes que una solución. El chico detenido, sintetizó, es el síntoma de un problema más amplio, no su resolución.
La desconfianza sobre todas las cosas
Oscar Carraro fue el más escéptico de todos, no solo respecto de la ley sino de cualquier institución involucrada. Vecino de una ciudad que describió como insegura y manejada con una impunidad que rara vez había visto, sostuvo que toda medida que busque mejorar la situación es bienvenida, aunque dudó de quién está a cargo de aplicarla. Consultado sobre qué debería pasar con un chico de 13 o 14 años que termina detenido, fue honesto en admitir que no tiene la respuesta, aunque descartó que el Estado esté hoy en condiciones de corregir a nadie: “calculo que ese cambio, si llega, tomará más de una generación”. Calificó las respuestas políticas a la inseguridad como “fulbito para la tribuna”: no le cree a los delincuentes, dijo, pero tampoco a la policía ni a quienes hoy prometen soluciones rápidas.
Un freno inesperado
El panorama volvió a moverse este lunes, cuando la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, hizo lugar a un hábeas corpus presentado por la Federación de Familia Grande Hogar de Cristo y suspendió preventivamente, por 60 días, la aplicación del nuevo régimen en toda la provincia de Buenos Aires. El argumento central de la magistrada fue la falta de infraestructura, personal y condiciones institucionales para alojar al número creciente de adolescentes que la ley habilita a detener, sin vulnerar los estándares de derechos humanos que rigen la privación de la libertad de menores.
La resolución convocó a una audiencia para el 16 de septiembre, en la que el Ejecutivo bonaerense deberá presentar un plan concreto para garantizar esas condiciones.