La incorporación de 18 nuevos proyectos para la explotación de calamar mediante buques poteros encendió una fuerte polémica en Mar del Plata. El Gobierno bonaerense, junto con representantes de los trabajadores portuarios, cuestionó duramente la decisión del Consejo Federal Pesquero y advirtió que podría profundizar la ya delicada situación laboral que atraviesan los gremios vinculados a la actividad.
Durante una conferencia de prensa realizada en la ciudad, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, y la subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carla Seain, respaldaron a los sectores afectados y denunciaron que el proceso licitatorio perjudicó especialmente a los proyectos que contemplaban a Mar del Plata como puerto de desembarque.
“La licitación se hizo con la cancha inclinada”, afirmó Rodríguez, quien calificó el proceso como “claramente amañado” y sostuvo que existió una situación de “discriminación” hacia la provincia de Buenos Aires y el puerto marplatense.
El dato que mayor preocupación genera es que de los 18 permisos otorgados, solamente uno contempla el desembarque en Mar del Plata. Para los trabajadores portuarios, “esto representa una amenaza concreta sobre una actividad que ya enfrenta temporadas cada vez más cortas y una creciente incertidumbre laboral” indicaron.
Rodríguez también cuestionó que ninguno de los proyectos esté vinculado con astilleros nacionales. Según explicó, las 18 embarcaciones serán importadas, lo que significa que la medida tampoco generaría trabajo para la industria naval argentina, otro de los sectores estratégicos de la economía marplatense.
Seain, representante bonaerense en el Consejo Federal Pesquero y quien votó en contra de la resolución, habló de un “ataque constante” a la provincia. Advirtió además que todavía no existe un análisis científico del INIDEP que determine el impacto que tendrá la incorporación de estos barcos sobre el recurso.
La funcionaria alertó que las nuevas embarcaciones, con bodegas de entre 1.200 y 1.300 toneladas y tecnología más moderna, podrían representar un esfuerzo pesquero muy superior al de los poteros actualmente operativos.
La advertencia más contundente llegó desde el SUPA. Su secretario general, Carlos Mezzamico, sostuvo que la llegada de los nuevos buques podría reducir la campaña “a la mitad” y provocar que los trabajadores pierdan “uno o dos meses de trabajo”. En un puerto donde el empleo ya se encuentra bajo presión, el impacto sobre las familias vinculadas a la actividad podría ser significativo.
Dos frentes para frenar la medida
La Provincia y los trabajadores avanzan por dos caminos. Por un lado, solicitaron una reconsideración administrativa ante el Consejo Federal Pesquero y analizan los expedientes correspondientes a los 18 proyectos. Por otro, el abogado Fernando Herrera informó sobre la presentación judicial contra la Resolución 6/2026.
El conflicto también derivó en cuestionamientos hacia el municipio. Rodríguez reclamó mayor presencia del gobierno local en la defensa del puerto, mientras Mezzamico criticó la ausencia del intendente Guillermo Montenegro y aseguró que “nunca” concurrió al puerto.
La disputa vuelve a colocar en el centro de la escena el futuro del puerto marplatense y, especialmente, la incertidumbre de miles de trabajadores cuya fuente de ingresos depende de una actividad pesquera que reclama reglas claras, previsibilidad y defensa del empleo local.
Del encuentro también participaron el presidente del Consorcio Portuario Regional, Marcos Gutiérrez; el presidente de la Federación de Cooperativas de Actividades Portuarias (Fecooaport), Nazareno Carrasco, y el abogado Fernando Herrera