La Cámara de la Industria Naval (CIN), la Federación de la Industria Naval Argentina (FINA) y el Sindicato de Obreros Navales presentaron sendos recursos ante el Consejo Federal Pesquero (CFP) contra la adjudicación de 18 nuevos permisos de pesca de calamar, ninguno de los cuales contempla la construcción de buques en astilleros argentinos. el Retrato dialogó con Florencia Garrido, presidenta de la CIN de Mar del Plata.
El Consejo Federal Pesquero adjudicó el 6 de agosto 18 nuevos permisos de pesca de calamar, en el marco de un proceso que buscaba achicar la brecha entre la flota nacional, de 84 buques, y las más de 500 embarcaciones extranjeras que operan en el área adyacente al mar argentino. El problema, para la industria naval del país, es que ninguno de esos 18 proyectos incluye la construcción de un barco en un astillero argentino. Siete corresponden a embarcaciones usadas que se importarán del exterior, y los once restantes se fabricarán en astilleros extranjeros, principalmente en China.
El registro para los nuevos permisos se abrió a mediados de mayo, mediante la Resolución 6/2026 del CFP. Sobre un total de 27 propuestas presentadas, el organismo terminó por autorizar 18 permisos, con plazos de entre 9 y 24 años según el proyecto. Las empresas Glaciar Pesquera y Semaloma encabezaron el orden de mérito, con 350 puntos cada una, y obtuvieron el plazo máximo de 24 años. La adjudicación final quedó formalizada en el Acta CFP N° 21/2026.
“Una trampa bien organizada”: los 20 días que dejaron afuera a los astilleros
Garrido explicó, en diálogo con el Retrato, que la Ley Federal de Pesca establece en su artículo 26 que, en caso de otorgarse nuevos permisos, debe darse prioridad a los proyectos que contemplen la construcción de buques en astilleros nacionales. Esa prioridad existió solo en el papel, a los interesados se les dieron apenas 20 días hábiles para presentar sus proyectos técnicos, un plazo que resulta incompatible con una decisión de esa envergadura.
La dirigente detalló que las 27 carpetas presentadas llegaron a los integrantes del organismo apenas 24 horas antes de la votación que terminó por adjudicar los 18 permisos. “En 24 horas no podés revisar 27 carpetas y 27 proyectos”, cuestionó, y remarcó que la cámara había solicitado formalmente un plazo adicional para negociar la construcción nacional, pedido que no obtuvo respuesta. “Habla de la voluntad del organismo de otorgarlo rápido y dejar afuera a la industria naval”, sostuvo.
El antecedente que sí funcionó
Garrido recordó el caso del Decreto 145, que estableció que los buques langostineros construidos en la Argentina recibieran un porcentaje mayor de toneladas de pesca. Ese incentivo concreto, según explicó, permitió renovar cerca de 30 barcos en un plazo de tres a cuatro años. En el proceso actual, en cambio, el puntaje adicional otorgado a los proyectos con construcción nacional resultó insuficiente para modificar la ecuación económica de las empresas poteras. “El incentivo no fue tal”, resumió.
Un sector a media máquina
La industria naval marplatense atraviesa un momento de bajo dinamismo, con cerca del 50% de su capacidad instalada ociosa, en un contexto en el que la construcción de nuevos buques para la flota langostinera se detuvo por la caída en la rentabilidad de esa pesquería. El calamar, en cambio, mantiene buen precio internacional y volumen de capturas, lo que convertía a estos nuevos permisos en una oportunidad concreta para reactivar la actividad de los astilleros. “Estamos perdiendo la oportunidad de generar mayor actividad en un contexto donde hay capacidad, donde hay tecnología, donde hay competitividad del sector”, planteó.
El impacto local
Además del reclamo de la industria naval, el Sindicato de Obreros Navales y los trabajadores de la estiba presentaron sus propias impugnaciones judiciales. Según indicó Garrido, el proceso también asignó un puntaje diferencial según el puerto de descarga previsto para cada proyecto, lo que derivó en que apenas uno de los 18 permisos contemple la descarga en Mar del Plata. “Eso implica menos trabajo para la ciudad”, sostuvo, y calificó como inédito ese criterio de puntaje por puerto de descarga en un proceso de este tipo. La propia Provincia de Buenos Aires fue la única jurisdicción del CFP que votó en contra de la resolución, al denunciar la falta de un plazo mínimo razonable para el análisis de la medida.
Garrido también apuntó contra la composición de capitales de las empresas beneficiarias, según su estimación, entre 15 y 16 de los 18 permisos corresponden a firmas con capitales chinos, un dato que vinculó directamente con el interés de esos actores en el mercado del calamar. “El recurso es de todos. Ese valor se lo estamos transfiriendo a los chinos”, planteó.
El reclamo conjunto
El 21 de agosto, la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN) y la Federación de la Industria Naval Argentina (FINA) presentaron formalmente ante el CFP un recurso de reconsideración contra el Acta N° 21/2026, al que adhirió la CIN de Mar del Plata. El escrito plantea cuatro ejes: la suspensión preventiva de la entrega definitiva de los permisos, una convocatoria complementaria de 180 días hábiles para presentar proyectos con construcción en astilleros nacionales, la reserva de un cupo industrial exclusivo para buques a fabricarse en el país, y la conformación de una mesa de diálogo con la Comisión Asesora del CFP. “Defender la construcción naval argentina no significa oponerse al desarrollo pesquero, sino garantizar que la riqueza de nuestros recursos marinos impulse la industria, la tecnología y el empleo calificado en nuestro propio país”, sostiene el documento de la CIN.
Por su parte, el Sindicato Argentino de Obreros Navales y Servicios de la Industria Naval (SAONSyIRA) presentó su propio rechazo a la medida, en el que cuestionó además la sustentabilidad del recurso pesquero a partir de lo que calificó como un informe “poco conocido y fugaz” del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). El gremio exigió la anulación de los permisos otorgados y remarcó la capacidad histórica de la industria naval argentina para afrontar este tipo de construcciones.
Garrido explicó que se trata de un planteo administrativo que todavía no obtuvo respuesta del CFP, y que la expectativa de la cámara es lograr, como mínimo, ser convocados a participar del proceso de aquí en adelante. “Lo que pedimos es participar del proceso y contarles qué es lo que podemos aportar nosotros desde nuestro sector”, cerró.