La Cámara Penal de La Plata rechazó el hábeas corpus presentado por Albertina Mangini, la funcionaria judicial detenida en el marco de una causa que investiga una monumental maniobra ilegal con billeteras virtuales. La resolución mantiene vigente la detención de la imputada, quien buscaba mejorar su situación procesal y continuar vinculada a la investigación en libertad. El tribunal de alzada ratificó así el escenario judicial que atraviesa Mangini desde que el juez Agustín Crispo dispuso su detención a pedido de la fiscal Betina Lacki.
La funcionaria fue detenida en el marco de los procedimientos llevados a cabo en Códoba, La Plata y Mar del Plata donde se allanaron tres conocidos gimnasios y tres lujosas viviendas.
Mangini, funcionaria del Ministerio Público Fiscal, cumplía tareas en una oficina de enlace vinculada al Patronato de Liberados. La hipótesis de la fiscal es que las cuentas abiertas con los datos biométricos de ex presos liberados eran utilizadas como «mulas» financieras para recibir, transferir y fragmentar fondos de origen turbio. Esta práctica, conocida como «smurfing» o «pitufeo», consiste en fraccionar movimientos ilegales en depósitos pequeños para eludir los controles de los organismos estatales.
La investigación reveló que los detenidos —Mangini, Ignacio Marchioni y Mauro Perrota— habrían movido una suma descomunal de 27 mil millones de pesos en solo un año.
Entre los elementos que llamaron la atención de los investigadores aparecen decenas de transferencias con un patrón particular: todos los montos terminaban en «.12». «Era el sello distintivo y, para no levantar sospechas, dejaban 1.000 pesos en la cuenta. Nunca en 0», explicó un portavoz cercano a la causa.
La metodología consistía en captar a personas vulnerables, como los ex presos que se presentaban en el Patronato de Liberados, y ofrecerles 80 mil pesos a cambio de sus datos personales para operar con billeteras virtuales. Las entregas se realizaban en una confitería cercana a Plaza San Martín.
«Esto recién empieza. Es apenas la punta del iceberg», advirtió el informante, mientras el origen del dinero ilegal se presume vinculado al juego clandestino y otras actividades ilegales. La causa, que podría ampliar la lista de sospechosos con financistas y empresarios, continúa en curso.
La cajera
Respecto de Mangini, algunos medios la dan como funcionaria de Kicillof, sin embargo, según se pudo saber dicha ex funcionaria no era empleada del Ministerio de Justicia —organismo del cual depende el Patronato de Liberados—, sino una empleada del Poder Judicial/Ministerio Público Fiscal que cumplía funciones en una oficina de enlace ubicada dentro del ámbito del Patronato.
Macristas salpicados
Para ser más preciso, nos referimos al Convenio Marco de Coordinación aprobado en 2018 entre la Provincia de Buenos Aires y la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia, que fue firmado por la entonces gobernadora Vidal y el Procurador General, Julio Conte-Grand, “con el objetivo de coordinar acciones conjuntas para garantizar el acceso a la justicia a personas en situación de vulnerabilidad”. (InfoGEI)