La situación de Supermercados Toledo atraviesa un momento de creciente incertidumbre. Aunque no existe, hasta el momento, una confirmación pública de que la empresa haya decidido solicitar su quiebra, distintos movimientos vinculados con sus inmuebles, establecimientos y actividad comercial alimentan la preocupación entre trabajadores, proveedores y sectores vinculados con la firma. El escenario que más temor genera es que una eventual caída de la empresa deje a unos 1.300 trabajadores frente a un futuro incierto y con dificultades para cobrar sus créditos laborales.
Una de las alternativas que podría evitar ese desenlace sería la aparición de un comprador o inversor que adquiera la estructura comercial y permita mantener la actividad supermercadista, eventualmente bajo otra denominación. Sin embargo, mientras esa posibilidad no se concrete, la sucesión de desprendimientos de activos y la caída de las ventas generan interrogantes sobre cuál será el próximo paso.
Según información que circula en ámbitos vinculados con la empresa, Toledo estaría desprendiéndose de determinados bienes en un intento por reunir recursos y avanzar en la cancelación de obligaciones correspondientes a su antiguo Concurso Preventivo, iniciado en 2006. La hipótesis que genera mayor preocupación es que, una vez ordenada esa situación, la empresa pueda quedar en condiciones de plantear una eventual quiebra argumentando que la fuerte caída de las ventas torna inviable la continuidad de la explotación. Se trata, por ahora, de un escenario posible y no de una decisión formalmente anunciada.
Una Ley en la que apoyaría la empresa
En ese contexto aparece el principal interrogante: ¿qué ocurriría con los trabajadores? La respuesta no es sencilla. La Ley 27.802 de Modernización Laboral modificó aspectos del régimen indemnizatorio y creó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), pero el FAL no convierte al Estado en garante automático de las indemnizaciones de una empresa en crisis o en quiebra. La propia norma establece que el empleador continúa siendo responsable del pago y que el fondo tiene condiciones específicas de cobertura.
Además, hay un dato fundamental: aunque la ley fue sancionada en febrero y publicada en marzo de 2026, la entrada en vigencia del Título II referido al FAL fue prorrogada hasta el 1° de noviembre de 2026. Por lo tanto, cualquier eventual extinción laboral que se produzca antes de esa fecha deberá analizarse particularmente, junto con la fecha de ingreso de cada trabajador, su registración, antigüedad, modalidad de contratación y las normas aplicables al momento de la desvinculación.
El número permite dimensionar la magnitud del problema. Si, solamente a modo de ejemplo, se tomara un salario promedio de $1.500.000 y una antigüedad promedio de 10 años, la indemnización por antigüedad resultaría, en una cuenta simplificada, de unos $15 millones por trabajador. Multiplicado por 1.300 empleados, el monto alcanzaría aproximadamente $19.500 millones. Esa cifra no representa necesariamente la deuda laboral final, porque deberían analizarse preaviso, integración del mes, salarios pendientes, vacaciones, aguinaldo, topes indemnizatorios y las circunstancias particulares de cada vínculo. La Ley 27.802 también introdujo modificaciones en el cálculo indemnizatorio.
¿Quienes serían los que cobren primero?
El ejemplo permite observar la dimensión del riesgo. Si existieran $10.000 millones disponibles para distribuir y, únicamente a modo ilustrativo, se considerara una deuda laboral de $19.500 millones, el universo laboral podría representar alrededor del 51% del monto estimado. Con $20.000 millones alcanzaría, en esa cuenta simplificada, para cubrir prácticamente la totalidad; con $30.000 millones también. Pero en una quiebra real no significa que los trabajadores vayan automáticamente a cobrar esos porcentajes, porque existen créditos con distintos privilegios, acreedores garantizados, gastos de conservación y realización de bienes y otras obligaciones que deben ser determinadas judicialmente.
Mientras tanto, los movimientos comerciales también despiertan preocupación. Se menciona la venta del local de avenida 39, la puesta en venta del establecimiento de Estrada al 5400 y el desprendimiento de campos y otras propiedades. En Necochea, parte de un inmueble ya ase dejó dejó de utilizar para la actividad original y se destinó al alquiler para canchas de pádel, mientras que en Balcarce circulan versiones sobre un posible cierre y eventuales despidos.
Menos mercadería y más canje
A la crisis financiera se suma un problema comercial: muchas primeras marcas ya no estarían entregando mercadería con normalidad a las góndolas de Toledo debido a las deudas acumuladas, mientras que otros proveedores, especialmente empresas locales, continúan abasteciendo bajo distintas modalidades, incluso mediante canje.
En algunos casos, según lo señalado en el ámbito comercial, existirían proveedores con varios meses de pagos pendientes. Para pequeñas empresas, continuar entregando mercadería en esas condiciones implica también asumir un riesgo considerable.
Los que si funciona son las exportaciones de Granja
La estructura actual de la compañía también habría cambiado. Según la información relevada, una parte importante de los ingresos que permiten sostener el pago de salarios estaría vinculada con la actividad de aproximadamente 340 trabajadores rurales de UATRE, relacionados con granjas y con una producción de pollos, cerdos y fiambres destinada también a la exportación.
El problema de fondo parece estar en las góndolas: la caída del poder adquisitivo redujo las compras y modificó los hábitos de consumo. La prioridad pasó a ser la denominada “mesa diaria”, mientras que las grandes superficies y depósitos perdieron buena parte de la utilidad que tenían cuando existía mayor volumen de ventas y capacidad de acopio.
Por ahora, todo está rodeado de interrogantes. Puede aparecer un comprador, puede concretarse una reestructuración o puede profundizarse la crisis hasta desembocar en un proceso concursal o falencial. Lo que está en juego no es solamente el futuro de una empresa: son 1.300 puestos de trabajo y, detrás de ellos, miles de personas que dependen de esos ingresos. Un eventual cierre sin una salida ordenada podría convertirse en un conflicto laboral, económico y social de enorme magnitud para Mar del Plata y la región.