En las últimas horas, distintos bloques de la oposición en la Cámara de Diputados impulsaron un proyecto para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia en Discapacidad, establecida por la Ley 27.793 votada y aprobada el año pasado, y cuyo plazo actual vence el 31 de diciembre de 2026. De esta manera, las bancadas disidentes buscan extender sus efectos en todo el territorio nacional y evitar que la normativa pierda vigencia a fin de año.
Según trascendió, la iniciativa fue anunciada este viernes por el diputado de Unión por la Patria, Juan Marino, vicepresidente primero de la Comisión de Discapacidad, quien elaboró el proyecto junto a la diputada cordobesa Natalia de la Sota. El texto cuenta con las firmas de legisladores de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Defendamos Córdoba, Innovación Federal, Frente de Izquierda, Encuentro Federal, Coalición Cívica y Primero San Luis.
De acuerdo con Marino, la propuesta surgió a partir de un reclamo de las agrupaciones vinculadas a las personas con discapacidad y busca extender la emergencia sin modificar su contenido. “El proyecto responde a un reclamo generalizado de las organizaciones de y para personas con discapacidad”, sostuvo el legislador peronista, que explicó que se trata de un texto de tres artículos que establece que la prórroga se aplicará desde el 1° de enero de 2027, incluso si su promulgación se produjera posteriormente.
En tanto, el diputado justicialista remarcó que la iniciativa apunta a evitar un período sin cobertura entre el vencimiento de la emergencia y la entrada en vigencia de su eventual prórroga. En tanto, Marino aclaró que “la Ley de Emergencia en Discapacidad está plenamente vigente”, y que el proyecto busca únicamente extender el plazo establecido por la normativa.
Cabe mencionar que, la presentación se produce luego de que el gobierno de Javier Milei vetara inicialmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, mientras que posteriormente el Congreso insistió con la norma y la Justicia avaló su vigencia. Ahora, los bloques que acompañan la nueva iniciativa buscan que la emergencia continúe durante 2027.
Uno de los principales argumentos planteados por Marino está relacionado con la situación de los prestadores y servicios destinados a personas con discapacidad. Según afirmó el legislador nacional, los pagos de Incluir Salud acumulan meses de atraso y transportistas, escuelas especiales, centros terapéuticos, centros de día y hogares atraviesan serias dificultades para sostener sus actividades.
El diputado de Unión por la Patria también cuestionó la situación de las personas que viven en hogares y dependen de las prestaciones estatales. “En los hogares donde viven personas con discapacidad, muchas de ellas sin ningún familiar de apoyo, por lo que dependen exclusivamente del Estado, falta la entrega de pañales y de medicación además del pago de las prestaciones”, sostuvo Marino, y advirtió sobre el riesgo de cierre de algunas instituciones.
Otro de los puntos señalados por el representante del peronismo en Diputados fue la demora en el acceso a pensiones. Según indicó, más de 200.000 personas con discapacidad esperan una pensión, mientras que el Ejecutivo Nacional habría informado ante la Cámara baja que durante su gestión otorgó 2.995. A esto, el dirigente bonaerense sumó críticas a las auditorías y a la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad mediante decreto, por considerar que esas medidas dificultan el acceso a trámites y derechos.
“Cada mes que la emergencia estuvo trabada fue un mes de tratamientos interrumpidos, terapias suspendidas y escolaridades cortadas”, afirmó el diputado que representa a la provincia de Buenos Aires en el Congreso, que también vinculó la sanción de la Emergencia en Discapacidad con la movilización de personas con discapacidad, familiares, terapistas, prestadores, docentes y transportistas en todo el país.
Ahora, el proyecto para prorrogar la Emergencia en Discapacidad deberá avanzar en la Cámara de Diputados, donde los bloques opositores que lo suscribieron buscarán reunir los apoyos necesarios para habilitar su tratamiento. Según planteó Marino, existe la posibilidad de alcanzar una mayoría de 129 diputados, necesaria para abrir una sesión y eventualmente emplazar a las comisiones para que emitan dictamen.
Sin embargo, aun si la iniciativa se convierte en ley, el oficialismo cuenta con un número de diputados superior a un tercio de la Cámara, lo que le permitiría sostener un eventual nuevo veto presidencial. “El tiempo apremia: la emergencia vence el 31 de diciembre de 2026 y las sesiones ordinarias terminan el 30 de noviembre”, concluyó Marino.