Tras la sanción de la ordenanza que crea un registro municipal para las aplicaciones de transporte y fija un plazo de 90 días para su adecuación, el Retrato recorrió las calles del centro para conocer la mirada de los propios taxistas.
Después de que el Concejo Deliberante de General Pueyrredon aprobara el marco regulatorio para las aplicaciones de transporte, la mayoría de los taxistas consultados coincidió en un mismo diagnóstico: en la calle, todavía no cambió nada.
Leandro Bassini, titular de la licencia 1079, resumió ese clima de espera. “La cosa se está esperando, estamos a la expectativa. Hasta ahora todo sigue igual, seguimos con las mismas, hay rumores de aquí, hay rumores de allá, no hay demasiada certeza de nada”, planteó, y remarcó que la implementación efectiva depende tanto de que las plataformas se acerquen al Municipio como de que este último asuma su rol de control ambas cosas puestas en duda.
Alfredo Bonorilo, del taxi 0841, ofreció una lectura más amplia del conflicto, que enmarcó dentro de una crisis de ingresos que, consideró, excede a la disputa entre taxis y aplicaciones. “¿Quién controla algo que no tiene un control? ¿Quién es la cara visible?”, planteó, al cuestionar la capacidad real del Municipio para fiscalizar una flota de plataformas que multiplica varias veces la cantidad de licencias de taxi habilitadas en la ciudad.
Pese al reclamo gremial, Bonorilo evitó la confrontación con quienes migran hacia las aplicaciones. “Me parece ilógico que el tipo se quede sin trabajo y se vaya a ganar el mango, aunque nos perjudique a nosotros. A mí me pasaría lo mismo: yo haría Uber si no tengo para llevar la comida a mi casa”, reconoció, y describió una caída en la recaudación del sector que, según él observa, llegó a la mitad de lo habitual, en un contexto de aumentos desproporcionados frente a los ingresos del taxi. Para el conductor, con 80 años y memoria de sucesivos planes económicos, el trasfondo del conflicto es, ante todo, económico: “La ley es parte de la historia, porque si la gente tuviera más dinero, por ahí usaría menos Uber y usaría más taxi”.
“A ellos no les importa nada”: dudas sobre el control real
Darío Amorós, del taxi 0952, fue el más crítico respecto de la efectividad de la nueva normativa. A su entender, la ordenanza legaliza una actividad que en los hechos seguirá funcionando sin controles reales. “Yo hoy hice la inspección anual, tuve que llevar seguro mío, seguro del auto, todos los papeles en orden. Ellos no tienen adónde ir. No hay nadie que les vaya a reclamar nada”, comparó, y cuestionó la capacidad de tránsito o de la policía para distinguir un vehículo de aplicación de un auto particular sin que medie un accidente.
El taxista también planteó que mientras el valor del viaje en taxi está regulado, las plataformas seguirán fijando sus propias tarifas según la demanda. “El día de lluvia, un viaje que nosotros podemos llegar a cobrar 6.000 pesos, te lo van a cobrar 12.000. Están sin regular, y van a seguir sin regular”, advirtió, y señaló una caída sostenida en la cantidad de licencias activas en la ciudad, hoy en 2.114, como parte de una tendencia que ya se verificó en otras ciudades del mundo donde avanzaron este tipo de plataformas.
“Nosotros nos quedamos atrás”
Por su parte, Domingo Farid, titular de la licencia 1818, aportó una mirada más resignada sobre el futuro del sector. “El conflicto seguirá, qué querés que te diga. Yo sé de compañeros que usan apps, y las seguirán usando, y las usaremos todos en un momento. Evidentemente es un cambio y, bueno, nosotros nos quedamos atrás, no hay de otra”, planteó, y dejó una pregunta abierta sobre el escenario de fondo que, advirtió, nadie sabe responder: “Hay que ver qué pasa si nosotros desaparecemos, ¿quién se hace cargo del transporte? ¿Las apps? ¿Vos creés que seguirán siendo baratas? Yo no”.