Tras una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo bonaerense, Supermercados Toledo se comprometió a abonar este viernes el 60% de los haberes de julio que aún adeuda. El acuerdo, alcanzado luego de que las asambleas rechazaran en bloque la fecha de pago ofrecida originalmente, incluye la creación de una mesa de trabajo semanal y la denuncia formal de los gremios por amenazas a trabajadores de la planta de Panificados.
Supermercados Toledo abonará esta semana el 60% restante de los salarios de julio que mantenía impago, luego de las gestiones impulsadas por el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA), Camioneros, UATRE, Maestranza y el cuerpo de delegados de la empresa. El compromiso quedó formalizado este miércoles en una audiencia ante el delegado regional del Ministerio de Trabajo bonaerense, Daniel Buccico, después de que la propuesta original de pago, que fijaba el día 18 como fecha límite, fuera rechazada de manera unánime en las asambleas realizadas en los distintos establecimientos.
Desde el SECZA destacaron que el pago completo de los haberes fue resultado directo de la intervención gremial. Guillermo Bianchi, secretario general del sindicato, sostuvo que “la paz social es una construcción compartida que comienza con el cumplimiento del pago del salario”, y remarcó la necesidad de que la empresa cumpla en tiempo y forma con sus obligaciones para evitar situaciones de incertidumbre entre los trabajadores y sus familias.
Denuncias de amenazas en la planta de Panificados
La audiencia incorporó, además del reclamo salarial, una denuncia formal presentada por el SECZA, compuesta por tres notas firmadas por trabajadores de la empresa que denuncian supuestas amenazas y agresiones físicas por parte del encargado de la planta de Panificados. El sindicato entregó copia del expediente a la parte empleadora durante el acto y puso de relieve, según consta en el acta, “una situación de violencia y amenazas que se vive por parte de personal jerárquico en diferentes establecimientos de la empresa”, al tiempo que llamó a la compañía “a la reflexión, a fin de conservar la paz social”.
Por su parte, la representación empresaria manifestó no tener conocimiento de los hechos denunciados y rechazó en principio cualquier conducta de ese tipo por parte de personal subordinado, aunque se comprometió a prestar atención a la situación.
Cierre intempestivo de sucursales
Durante la audiencia, el secretario de Asuntos Gremiales del SECZA, Esteban Fraysse, informó que la empresa había dispuesto el cierre intempestivo de las persianas en una decena de sucursales, entre ellas las de avenida Jara, Salta, Matheu, Talcahuano, Guido, La Rioja, Rivadavia y Córdoba, Rivadavia y Entre Ríos, Estrada y el local de Miramar, mientras el personal se encontraba cumpliendo su horario habitual de trabajo.
Pago para el viernes y una mesa de trabajo permanente
Ante ese cuadro, la empresa propuso abonar el 60% de los haberes de julio el próximo viernes, y solicitó el levantamiento inmediato de todas las medidas de fuerza para retomar la actividad habitual en los establecimientos. La representación sindical aceptó la propuesta “en salvaguarda de la paz social y las fuentes de trabajo”, pese a la extemporaneidad de los pagos, y se comprometió a que los trabajadores retomen sus tareas en la totalidad de los locales tras la firma del acta.
A propuesta del Sindicato de Choferes de Camiones, se conformó también una mesa de trabajo semanal, integrada por representantes gremiales y de la conducción de la empresa, que funcionará en el propio Ministerio de Trabajo para abordar de manera permanente los temas vinculados a las condiciones laborales y salariales. Desde el SECZA remarcaron que el pago íntegro de los salarios constituye un derecho fundamental y que los trabajadores no deben afrontar las consecuencias de las dificultades económicas o financieras de las empresas, y anticiparon que continuarán con el seguimiento de la situación desde esa instancia.
La empresa se comprometió, además, a no aplicar sanciones disciplinarias ni económicas contra los trabajadores que participaron de las asambleas. El Ministerio dispuso mantener las actuaciones en reserva por 30 días para corroborar el cumplimiento del acuerdo, que quedó firmado por todas las partes pasadas las 13.