El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ordenó embargar el departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad. La Justicia también pidió lo mismo para otros inmuebles y activos vinculados a los condenados, con el objetivo de preservar esos bienes ante una eventual segunda etapa de decomisos destinada a cubrir los $685.000 millones determinados como perjuicio al Estado.
La resolución fue adoptada por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, que ejecutan la pena correspondiente al caso, y alcanza a un conjunto de propiedades de los condenados, entre ellas el inmueble de San José 1111, que pertenece a Los Sauces, la sociedad inmobiliaria de la familia Kirchner investigada por lavado de activos. Sin embargo, la medida no implica que Cristina Kirchner deba abandonar el domicilio donde cumple la prisión domiciliaria.
En ese sentido, el Tribunal aclaró que los nuevos embargos a Cristina Kirchner y el resto de los condenados por la causa Vialidad tienen carácter preventivo y cautelar, por lo que no significan la realización o subasta inmediata de los bienes ni modifican de manera definitiva su titularidad registral. La intención es garantizar que las propiedades y activos permanezcan disponibles para la Justicia mientras continúa el trámite destinado a determinar cuáles serán finalmente decomisados.
La decisión se produce mientras la Corte Suprema de Justicia analiza la primera etapa del decomiso de bienes solicitado por el fiscal Diego Luciani y aprobado por el propio TOF 2. Esa primera tanda comprende 111 propiedades: 20 pertenecientes a la familia Kirchner, 85 vinculadas a Lázaro Báez y sus empresas y otros seis inmuebles correspondientes a los demás condenados.
En paralelo, el tribunal avanza sobre una segunda etapa de decomisos, que contempla 144 bienes entre propiedades y vehículos, además de paquetes accionarios de distintas empresas. Dentro de ese conjunto también fueron incluidos más de cinco millones de dólares que Florencia Kirchner tenía en una caja de seguridad del Banco Galicia, cuyo origen lícito, según la Justicia, no habría sido explicado por la familia.
Los jueces fundamentaron las nuevas medidas cautelares en la necesidad de preservar los bienes que eventualmente podrían quedar alcanzados por el decomiso. En la resolución, señalaron que la sentencia condenatoria firme determinó que la maniobra vinculada a la obra pública produjo “beneficios económicos directos para Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner”, y remarcaron que durante el período investigado existió una conexión económica y comercial entre ambos grupos.
De acuerdo con el criterio expuesto por el TOF 2, las empresas de Báez alquilaron, explotaron turísticamente y realizaron emprendimientos en hoteles y propiedades pertenecientes a la familia Kirchner, tanto a título personal como a través de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A. Para los magistrados, el dinero proveniente del delito investigado “circuló y se asentó en los activos de esas sociedades”, por lo que establecieron que pueden ser alcanzados por el decomiso los bienes incorporados al patrimonio de los nueve condenados durante el período comprendido entre 2003 y 2015.
La resolución también sostiene que el artículo 23 permite alcanzar a personas jurídicas o sociedades que se hayan beneficiado con el producto o provecho del delito, además de contemplar la posibilidad de avanzar sobre bienes o participaciones que hayan sido cedidos gratuitamente a terceros. En ese marco, los magistrados recordaron que las acciones de Los Sauces y Hotesur permanecen embargadas desde 2017 y que, durante el análisis de la sucesión de Néstor Kirchner, las acciones y cuotas correspondientes a la expresidenta habían sido cedidas gratuitamente a sus hijos Máximo y Florencia.
Además del departamento de San José 1111, el nuevo embargo alcanza a otros inmuebles vinculados con los condenados. Entre ellos se encuentran propiedades ubicadas en el Complejo Madero Center, incluyendo un dúplex, cinco cocheras, otro departamento, dos cocheras y una baulera, inmuebles que, según la información consignada en la resolución, tuvieron como inquilino a Cristóbal López.
La medida también comprende propiedades ubicadas en la provincia de Santa Cruz, entre ellas el terreno correspondiente al Hotel La Aldea del Chaltén, además de otros terrenos e inmuebles en El Calafate. En Río Gallegos, el listado incluye distintas propiedades de la familia Kirchner, entre ellas el chalet de la exmandataria ubicado en la costanera y los inmuebles de Alvear 395, Moreno 882 y 25 de Mayo 66.
Respecto del dinero atribuido a Florencia Kirchner, el fiscal Luciani había solicitado incluir en esta segunda etapa los dólares encontrados en una caja de seguridad en el marco de la causa Hotesur. Según la información citada, se trata de más de cinco millones de dólares cuyo origen lícito la Justicia considera que la familia Kirchner no logró acreditar, mientras que el Banco Galicia todavía no habría respondido los requerimientos judiciales destinados a determinar el estado de esos fondos y si existen otros depósitos en cajas de seguridad o cuentas.
De esta manera, el TOF 2 busca preservar los bienes incluidos en esta segunda etapa mientras continúa el proceso de ejecución patrimonial y la Corte Suprema analiza la situación de la primera tanda de propiedades. El tribunal remarcó que los embargos buscan mantener la “aptitud real” de la Justicia para ejecutar los bienes y evitar que sean transferidos, gravados o sustraídos durante el trámite, sin que la medida cautelar implique por sí misma el decomiso definitivo de ninguna de las propiedades alcanzadas.