En las últimas horas, el fiscal federal Gerardo Pollicita intimó al exjefe de Gabinete Manuel Adorni para que, en un plazo de 15 días, justifique ante la Justicia las inconsistencias detectadas en la evolución de su patrimonio y el de su pareja, Bettina Angeletti, en el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito.
Según dejaron trascender, el requerimiento fue elaborado a partir de un informe técnico de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI), contiene más de 20 preguntas específicas sobre bienes, ingresos, gastos, declaraciones juradas y operaciones financieras realizadas por Adorni durante el período investigado.
En tanto, la medida constituye un nuevo paso en la investigación y fue adoptada luego de que la fiscalía analizara el estudio patrimonial elaborado por la DAFI, organismo al que Pollicita había solicitado reconstruir de manera integral la evolución de los bienes de Adorni y Angeletti desde el 14 de diciembre de 2023, cuando asumió sus funciones en el Ejecutivo nacional, hasta la actualidad. El análisis incluyó las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales públicas y reservadas, sus rectificaciones y la documentación incorporada al expediente.
De esta manera, el cruce de la información permitió advertir incrementos patrimoniales, compras y desembolsos que, confrontados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, no encontraron hasta el momento una explicación suficiente. El informe técnico, sin embargo, no estableció una cifra concreta sobre un eventual desbalance patrimonial, por lo que la fiscalía avanzó con una solicitud de explicaciones antes de definir los próximos pasos de la causa.
El documento confeccionado por Pollicita tiene 210 páginas e incluye más de 20 preguntas dirigidas a Adorni. Entre los puntos que deberá explicar el exjefe de Gabinete de Javier Milei aparecen las modificaciones realizadas en sus declaraciones juradas, determinados gastos en efectivo efectuados en el exterior y los arreglos realizados en una vivienda ubicada en Indio Qua, además de otros movimientos vinculados con la evolución de su patrimonio.
En concreto, el estudio técnico comprendió tanto el patrimonio individual de Adorni y Angeletti como la situación consolidada del grupo familiar. Para ello, se examinó la composición y evolución de bienes, disponibilidades, inversiones, créditos y deudas al inicio y al cierre de los períodos analizados, además de los ingresos y las fuentes de fondos que contaran con respaldo documental.
La investigación también buscó distinguir los movimientos que efectivamente representaran nuevos ingresos o aplicaciones de dinero de aquellas operaciones que no implicaran una nueva fuente de fondos. En ese grupo se incluyeron transferencias entre cuentas propias o de integrantes de la familia, movimientos internos, rescates de inversiones, devoluciones, reintegros, préstamos, ventas de activos, conversiones de moneda y acreditaciones provenientes de terceros.
Otro de los objetivos de la investigación de la DAFI fue reconstruir las entradas y salidas de fondos de las cuentas vinculadas a Adorni para relacionarlas con la compra de bienes, los gastos corrientes y extraordinarios, los consumos, los pagos realizados en efectivo o en moneda extranjera y la cancelación de pasivos. Es que, la fiscalía pidió depurar las operaciones internas para evitar que fueran contabilizadas como nuevos ingresos o gastos.
Las distintas versiones de las declaraciones juradas también quedaron bajo análisis. En ese punto, el organismo dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación buscó identificar cambios en la composición y valuación de los activos y pasivos del ex vocero presidencial, con la idea de determinar el origen atribuido a esas modificaciones y establecer qué impacto tuvieron sobre la evolución patrimonial informada por Adorni y Angeletti.
Uno de los aspectos sensibles del expediente está relacionado con los criptoactivos, una de las dudosas explicaciones que Adorni dio para justificar su incremento patrimonial. En ese punto, la DAFI debía incorporar la información de plataformas, cuentas y billeteras vinculadas con activos virtuales, y distinguir depósitos, retiros, compras, ventas, permutas y transferencias para luego contrastarlos con las declaraciones juradas y con la información bancaria, fiscal y patrimonial incorporada a la causa.
La operatoria con criptomonedas adquirió particular relevancia a partir de los supuestos 200.000 dólares que Adorni afirmó haber invertido en Bitcoin. Según trascendió, la incorporación de nuevos estudios relacionados con ese punto provocó demoras en la elaboración del informe técnico.
Por caso, el análisis también contempló el costo, la fecha de adquisición, la modalidad de pago y la fuente de financiamiento de los bienes incorporados al patrimonio de Adorni, además de las erogaciones y obligaciones declaradas. En el caso de préstamos, mutuos u otras formas de financiamiento, se buscó establecer la capacidad económica involucrada y contrastar esos instrumentos con las declaraciones juradas, escrituras, registros y documentación respaldatoria.
A partir de toda esa información, la DAFI debía elaborar una ecuación patrimonial anual y acumulada, tanto individual como consolidada para el grupo familiar. El objetivo era confrontar los ingresos lícitos y las disponibilidades iniciales acreditadas con la incorporación de bienes, los gastos, los consumos y la cancelación de pasivos.
Cabe mencionar que, con el informe de la DAFI sobre la mesa y el requerimiento de Pollicita al exfuncionario de Milei, la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni continúa en etapa de instrucción y el requerimiento de justificación patrimonial no implica, por sí mismo, una conclusión sobre la existencia de un delito, sino una instancia para que el exfuncionario explique ante la fiscalía los movimientos patrimoniales que fueron señalados en el análisis técnico.
Sin embargo, Adorni también está involucrado en otra investigación vinculada con el viaje que realizó durante el feriado de Carnaval a Punta del Este en un vuelo privado junto con su familia y el periodista Marcelo Grandio. En ese expediente se busca determinar quién afrontó los costos del traslado y analizar el vínculo entre el periodista y el empresario, además de los contratos que este último habría mantenido con la TV Pública y otros organismos estatales.