El Gobierno nacional oficializó una reducción del 20% en las tarifas máximas de practicaje y pilotaje, luego del conflicto que paralizó durante la actividad en los puertos bonaerenses y obligó a suspender la desregulación impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y los representantes del sector fue establecido mediante la Resolución 46/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), publicada este viernes. La reducción se aplicará sobre los valores determinados por el Régimen de Tarifas Máximas vigente desde 2018 con carácter transitorio y permanecerá vigente mientras continúe suspendida la reforma del practicaje.
De acuerdo con lo establecido en el entendimiento, las partes acordaron la reanudación regular del servicio, la suspensión del decreto de desregulación, la conformación de la mesa de trabajo y una reducción del 20% en las tarifas vigentes. En tanto que la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje y la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante manifestaron su conformidad con la rebaja arancelaria dentro del acuerdo alcanzado con el Gobierno.
El conflicto comenzó el sábado 1° de agosto, después de la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, firmado por Javier Milei y Sturzenegger, que modificaba el régimen de practicaje y pilotaje vigente desde 1991 e incorporaba cambios vinculados con el ingreso de nuevos prestadores, la elección de los profesionales y la regulación de las tarifas.
Por caso, entre otras modificaciones, el decreto establecía un registro abierto de profesionales bajo la órbita de la Prefectura Naval Argentina, permitía a los usuarios elegir libremente a los prestadores y eliminaba restricciones para el ingreso de nuevos operadores, al tiempo que otorgaba a la ANPyN facultades para establecer tarifas máximas y establecía la publicación obligatoria de los precios.
La reforma fue rechazada por los prestadores del servicio, que iniciaron una medida de fuerza que afectó la operatoria de las principales terminales del país, entre ellas los puertos bonaerenses, con más de 185 buques varados que alcanzó a sectores energéticos. Las operaciones de empresas asociadas a la Cámara Argentina de Energía quedaron interrumpidas en distintos muelles, entre ellos los de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova.
Asimismo, la medida también había alcanzado a trabajadores que, pese a no estar nucleados en un gremio, coordinaron el rechazo a las nuevas condiciones de la actividad. La particularidad del sector había impedido encuadrar el conflicto como una disputa laboral tradicional y dificultó la aplicación de una conciliación obligatoria.
En ese contexto, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera Argentina, Gustavo Idígoras, había señalado que “cada demora de barco es un taxi que va cobrando entre 50 y 100 mil dólares por día” y había advertido sobre las consecuencias para los contratos de exportación.
Por su parte, Sturzenegger había defendido inicialmente la reforma y planteado que “la Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”. Sin embargo, tras la paralización portuaria, el Ejecutivo suspendió la aplicación de los cambios y abrió una instancia de negociación con los representantes del sector.