En medio del debate en el Senado nacional sobre el proyecto del Gobierno de Javier Milei para derogar los principales límites de la Ley de Tierras, el Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del CONICET y la Universidad de Buenos Aires (UBA), difundió un mapa que identifica los municipios con mayor porcentaje de superficie en manos extranjeras. En el informe, el organismo advierte sobre la concentración de territorio en zonas con recursos estratégicos, cursos de agua, puertos y áreas fronterizas.
Según el documento publicado por el organismo del CONICET y la UBA, alrededor del 5% del territorio argentino ya pertenece a firmas o Estados extranjeros, lo que representa unas 13 millones de hectáreas, una superficie similar a la de Inglaterra. El relevamiento también identifica a los capitales estadounidenses como los principales compradores, con 2,7 millones de hectáreas, seguidos por Italia, con cerca de 2 millones, y España, con 1,7 millones.
Desde el Observatorio sostienen que las situaciones más delicadas se concentran en zonas fronterizas, tanto del norte como de la cordillera argentina, y en territorios con recursos hídricos, minerales o ventajas logísticas, como los puertos. En ese sentido, los investigadores remarcan que el patrón de adquisición de tierras no es homogéneo, sino que se focaliza en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo económico y la soberanía nacional.
El informe cobra especial relevancia porque el proyecto impulsado por el Gobierno nacional propone derogar los artículos 8, 9 y 10 de la Ley de Tierras, que actualmente fijan un límite del 15% de titularidad extranjera sobre los suelos rurales a nivel nacional, provincial y departamental, establecen que una misma nacionalidad no puede superar el 30% de ese cupo y limitan la cantidad de hectáreas que puede concentrar un mismo titular extranjero en la denominada zona núcleo.
En la provincia de Buenos Aires, el relevamiento ubica a Campana entre los departamentos que superan ampliamente los límites fijados por la ley, con un 50,27% de tierras en manos extranjeras, debido a su cercanía con el río Paraná.
En lo que respecta a General Pueyrredón, el 7,5% de las tierras rurales pertenecen a extranjeros.
En números, se trata de 9.475 hectáreas, concentradas principalmente en la zona de Sierra de los Padres, al oeste del distrito. La situación local está por encima del promedio de la provincia de Buenos Aires (2,8%, equivalente a 827.000 hectáreas) y de la media nacional (5%, 13.000.000 de hectáreas).
El estudio también pone el foco sobre otros distritos como Iguazú, en Misiones, e Ituzaingó y Berón de Astrada, en Corrientes, al considerar que forman parte de la principal vía fluvial navegable del país y poseen una importancia logística estratégica.
Cabe mencionar que, los municipios bonaerenses de Campana y Zárate conforman uno de los principales corredores industriales y portuarios de la Argentina, con terminales de comercio exterior, acceso directo a la Hidrovía Paraná-Paraguay, parques industriales y una infraestructura clave para las exportaciones. En ese marco, desde el CONICET sostienen que la presencia de capital extranjero en estas zonas adquiere una relevancia particular, y que se trata de territorios vinculados al transporte de cargas y al acceso a recursos estratégicos.
El informe también cuestiona las modificaciones introducidas por el Decreto 820/2016, firmado durante la presidencia de Mauricio Macri, al señalar que flexibilizó los procedimientos para la compra de tierras, amplió los criterios para determinar quién es considerado extranjero y modificó la metodología utilizada para medir la extranjerización.
De acuerdo a lo expuesto por el Observatorio de Tierras del CONICET, esa reforma firmada por el exmandatario explica que entre los relevamientos oficiales de 2015 y 2022 se registre una aparente reducción de la superficie en manos extranjeras que, en realidad, responde a cambios estadísticos y no a una disminución efectiva de las adquisiciones.
Los investigadores recuerdan además que el gobierno de Javier Milei ya había intentado derogar la Ley de Tierras mediante el DNU 70/2023, aunque esa decisión fue suspendida por un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). Ahora, con el tratamiento legislativo del nuevo proyecto, el Senado volverá a discutir el futuro de una norma que desde 2011 fija límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y que, según el Observatorio, resulta clave para resguardar territorios vinculados al agua, los minerales, las fronteras y la infraestructura estratégica del país.
“Definir qué se puede vender y qué no, y bajo qué reglas, no es una cuestión de carácter administrativo: ordena el acceso a recursos que son centrales para la vida cotidiana y para cualquier proyecto de desarrollo. Por eso, en un momento de presión creciente sobre estos territorios, desarmar las protecciones existentes, que se sostuvieron durante décadas sobre la base de una visión a largo plazo del territorio y sus recursos, no es neutral: reconfigura quién decide, quién accede y quién queda afuera en algunos de los espacios más sensibles del país”, completaron desde el CONICET.
Sin embargo, el CONICET señala que 36 departamentos del país ya superan el límite del 15% previsto por la legislación vigente. Los casos más extremos corresponden a Lácar, en Neuquén, con el 54,17% de su superficie extranjerizada, General Lamadrid, en La Rioja, con el 56,70%, y los departamentos salteños de Molinos, con el 57,79%, y San Carlos, con el 59,82%. De acuerdo con los investigadores, todos ellos concentran bienes estratégicos, como reservas de agua dulce o recursos minerales.
En la provincia de Buenos Aires, el relevamiento ubica a Campana entre los departamentos que superan ampliamente los límites fijados por la ley, con un 50,27% de tierras en manos extranjeras, debido a su cercanía con el río Paraná. El estudio también pone el foco sobre otros distritos como Iguazú, en Misiones, e Ituzaingó y Berón de Astrada, en Corrientes, al considerar que forman parte de la principal vía fluvial navegable del país y poseen una importancia logística estratégica.
Cabe mencionar que, los municipios bonaerenses de Campana y Zárate conforman uno de los principales corredores industriales y portuarios de la Argentina, con terminales de comercio exterior, acceso directo a la Hidrovía Paraná-Paraguay, parques industriales y una infraestructura clave para las exportaciones. En ese marco, desde el CONICET sostienen que la presencia de capital extranjero en estas zonas adquiere una relevancia particular, y que se trata de territorios vinculados al transporte de cargas y al acceso a recursos estratégicos.
El informe también cuestiona las modificaciones introducidas por el Decreto 820/2016, firmado durante la presidencia de Mauricio Macri, al señalar que flexibilizó los procedimientos para la compra de tierras, amplió los criterios para determinar quién es considerado extranjero y modificó la metodología utilizada para medir la extranjerización.
De acuerdo a lo expuesto por el Observatorio de Tierras del CONICET, esa reforma firmada por el exmandatario explica que entre los relevamientos oficiales de 2015 y 2022 se registre una aparente reducción de la superficie en manos extranjeras que, en realidad, responde a cambios estadísticos y no a una disminución efectiva de las adquisiciones.
Los investigadores recuerdan además que el gobierno de Javier Milei ya había intentado derogar la Ley de Tierras mediante el DNU 70/2023, aunque esa decisión fue suspendida por un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). Ahora, con el tratamiento legislativo del nuevo proyecto, el Senado volverá a discutir el futuro de una norma que desde 2011 fija límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y que, según el Observatorio, resulta clave para resguardar territorios vinculados al agua, los minerales, las fronteras y la infraestructura estratégica del país.
“Definir qué se puede vender y qué no, y bajo qué reglas, no es una cuestión de carácter administrativo: ordena el acceso a recursos que son centrales para la vida cotidiana y para cualquier proyecto de desarrollo. Por eso, en un momento de presión creciente sobre estos territorios, desarmar las protecciones existentes, que se sostuvieron durante décadas sobre la base de una visión a largo plazo del territorio y sus recursos, no es neutral: reconfigura quién decide, quién accede y quién queda afuera en algunos de los espacios más sensibles del país”, completaron desde el CONICET.