El Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires manifestó su respaldo a la participación de productores agropecuarios privados para que financien y ejecuten obras de mantenimiento en caminos rurales en distintos municipios bonaerenses, pero también advirtió que las intervenciones deberán ajustarse a la normativa vigente y contar con planificación técnica.
El debate tomó impulso luego de que la Sociedad Rural de 9 de Julio presentara en el Concejo Deliberante local una iniciativa para asumir la administración y el mantenimiento de la red vial del distrito. La propuesta plantea crear una comisión integrada por productores, con un gerente técnico seleccionado por concurso, que se encargue de definir la asignación de recursos y la ejecución de las obras viales e hidráulicas del partido.
Según explicaron desde la entidad rural, el proyecto busca destinar el 85% de lo recaudado por la tasa vial municipal y el 100% de los fondos provinciales asignados al distrito para obras de infraestructura rural. La propuesta fue elaborada durante cinco meses a partir del análisis de experiencias implementadas en municipios como Trenque Lauquen y Benito Juárez, adaptadas a la realidad de 9 de Julio.
Frente a ese escenario, el Colegio de Ingenieros bonaerense sostuvo que el financiamiento privado en los caminos rurales puede convertirse en una herramienta válida para ampliar la inversión en infraestructura rural, siempre que las obras sean proyectadas y dirigidas por profesionales matriculados y se respeten los procedimientos establecidos por la legislación provincial.
“Nos parece una oportunidad interesante que quienes pueden afrontar el costo de obras de infraestructura vecinales colaboren con su financiamiento. Pero esta posibilidad debe ser llevada a cabo con planificación, cumpliendo los procedimientos que establecen la normativa técnica y legislación vigente”, afirmó el presidente de la entidad, Jorge O. Castellano.
Desde el Colegio explicaron que una intervención inadecuada sobre los caminos rurales puede generar consecuencias que exceden al establecimiento donde se ejecuta la obra. La modificación de cunetas, pendientes, perfiles o del escurrimiento natural del agua puede afectar campos vecinos, alterar el comportamiento de las cuencas hídricas y ocasionar perjuicios ambientales y estructurales.
“No todos los caminos tienen las mismas necesidades. No es igual un acceso para un establecimiento tambero que necesita transitabilidad diaria que un camino destinado a una explotación ganadera o agrícola. Cada caso requiere un proyecto específico del tratamiento a aplicar y de su planialtimetría”, explicó Castellano.
La entidad recordó que la Ordenanza General 165/73 continúa vigente y establece la obligación de realizar estudios previos, elaborar los proyectos correspondientes, contar con dirección técnica de profesionales habilitados y obtener las aprobaciones administrativas antes de iniciar cualquier obra. Según remarcaron, esas exigencias se mantienen independientemente de quién financie los trabajos.
En esa línea, Castellano advirtió que la participación de cooperativas o consorcios de productores no exime del cumplimiento de las obligaciones legales por parte de propietarios, ejecutores y municipios. “No es posible presentar una idea hoy para ejecutarla mañana. Hay procedimientos que deben respetarse porque son previsiones que existen justamente para evitar daños posteriores”, señaló.