En el marco de una nueva conferencia de prensa, el vocero presidencial, Adrián Ravier, volvió a quedar en el centro de las críticas luego de afirmar que “hasta un 40 por ciento” de los estudiantes universitarios son extranjeros, un dato que utilizó para defender el proyecto presentado en la Legislatura por La Libertad Avanza (LLA) para habilitar a las universidades públicas a cobrar aranceles a los alumnos de otros países.
El portavoz oficial utilizó una cifra errónea atribuída a la Universidad de Buenos Aires (UBA), para defender la iniciativa libertaria que busca avanzar con el cobro de aranceles a estudiantes extranjeros en las universidades públicas bonaerenses.
En contrapartida con los datos que expuso el interlocutor del Gobierno, los informes oficiales de la Secretaría de Educación ubican la proporción de estudiantes extranjeros en las universidades argentinas alrededor del 4% y el 5% del total de alumnos, muy lejos del 40% mencionado por Ravier, lo que despertó fuertes críticas de la comunidad universitaria, en pleno conflicto con el Ejecutivo de Javier Milei por la Ley de Financiamiento Universitario.
De inmediato, el vicerrector de la UBA y referente de la Unión Cívica Radical (UCR), Emiliano Yacobitti utilizó sus redes sociales para desmentir los números difundidos por el Gobierno y aseguró que de los más de 70.000 ingresantes que tuvo la casa de altos estudios en 2026, solo un 2,5% provienen del extranjero.
“Estamos a disposición para reunirnos con el Gobierno nacional y analizar los datos para que el debate público sea con información precisa”, afirmó la autoridad universitaria.
Vale precisar que la declaración de Ravier respondió a la inquietud de un periodista, quien se hizo eco de la ironía que produce el hecho de que el Gobierno respalde que los extranjeros puedan pagar por servicios públicos como educación y salud, y al mismo tiempo impulse la denominada “Ley de Tierras”, que apunta a flexibilizar las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de agentes internacionales.
“¿Cómo se explica que este Gobierno esté apurado en aprobar un proyecto de ley que habilita a los extranjeros a comprar tierras rurales en la Argentina sin restricciones, mientras impulsa que paguen por educación y salud pública?”, consultó el acreditado.
Al responder, Ravier defendió la apertura del país a las inversiones extranjeras y sostuvo que quienes quieran radicarse y producir en Argentina “son bienvenidos”. Sin embargo, cuando el sucesor de Manuel Adorni en la Vocería Presidencial vinculó la discusión con el financiamiento del sistema universitario, consideró que el Estado debe revisar el destino de los recursos públicos debido a un supuesto incremento de estudiantes extranjeros que cursan carreras de grado en el país.
“Un alto porcentaje de los de nuestros estudiantes en facultades de Medicina son extranjeros, hasta un 40 por ciento, prácticamente. Eso significa que estamos destinando una cantidad de dinero a formar extranjeros que eventualmente se vuelven a sus países”, sostuvo el vocero.
Sin embargo, el dato que surgió del intercambio oficial no coincide con los registros generales del sistema universitario argentino. Ante la consulta sobre el origen del número, Ravier señaló que correspondía a la UBA, aunque no presentó un informe específico durante la conferencia.
“Bueno, es el dato que tengo ahora, de la Universidad de Buenos Aires. Entiendo que es el 39% exacto el que define el porcentaje de alumnos extranjeros. Si es falso, lo revisamos”, respondió el funcionario.
A pesar de los cuestionamientos recibidos, Ravier mantuvo la posición oficial respecto de la propuesta que motorizó el titular del bloque libertario en la Cámara baja, Agustín Romo, y profundizó su defensa del arancelamiento de la educación superior para los extranjeros.
“Nosotros pensamos que tenemos que cuidar el dinero de los argentinos para ayudar a los más humildes, para generar posibilidades de estudio en las universidades. No se trata tampoco de imponerle a una universidad que debe cobrarles rompiendo su autonomía. Lo que se está haciendo es que las universidades nacionales, puedan decidir si quieren cobrarles o no a los extranjeros”, concluyó Ravier.
Diputados de LLA buscan que los extranjeros paguen por estudiar en universidades públicas
La nueva polémica con Ravier surge a partir de una reciente iniciativa bonaerense de LLA que busca arancelar el acceso a la salud y a la educación universitaria en la provincia de Buenos Aires a los extranjeros que no tengan residencia permanente.
Según el articulado, el proyecto tiene por objeto establecer un régimen de arancelamiento de las prestaciones sanitarias brindadas por los establecimientos públicos y de retribuciones por los estudios de grado cursado en universidades provinciales de gestión estatal, aplicable a las personas extranjeras que no acrediten residencia permanente en el país.
“La salud pública y la educación universitaria se sostienen con el esfuerzo de los contribuyentes. No resulta justo que personas que se encuentran transitoriamente en el país puedan utilizar gratuitamente estos servicios sin contar con un seguro, sin contribuir a su sostenimiento y sin asumir el costo correspondiente, mientras que en otros países la situación es completamente diferente para los bonaerenses”, fundamentó Romo, principal impulsor del planteo.
En detalle, Romo indicó que las personas que no acrediten residencia permanente en el país, es decir los extranjeros con residencia temporaria y transitoria, deberán solventar el costo de las prestaciones sanitarias que reciban, por si mismas, mediante seguro de salud o a través de un tercero obligado.
De esta manera, el Ministerio de Salud de la Provincia, a través del Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), deberá “adecuar y publicar el nomenclador arancelario”, para que los efectores públicos provinciales registren la prestación, identifiquen al sujeto obligado y emitan la liquidación correspondiente una vez promulgada la ley.
Al mismo tiempo, la propuesta parlamentaria fija excepciones expresas al cobro. “Ninguna persona podrá ser rechazada, demorada ni condicionada en casos de emergencia con riesgo inminente para la vida; el eventual recupero del costo se tramitaría recién después de estabilizar al paciente”, plantea el texto.
En el caso de las universidades provinciales de gestión estatal, tales como la Universidad del Sudeste, y la Universidad provincial de Ezeiza, los órganos superiores de cada institución serán los encargados de fijar las retribuciones por los estudios de grado que cursen estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente.
“La Provincia no puede continuar financiando sin límites la formación de personas que no han asumido un compromiso permanente con el país, mientras existen estudiantes bonaerenses que necesitan mejores edificios, más tecnología, becas y condiciones adecuadas para estudiar”, puntualiza el proyecto elevado en Diputados por La Libertad Avanza y acompañado por el PRO.
Por último, la iniciativa incluye una cláusula de transparencia: el Ministerio de Salud y las universidades de gestión provincial alcanzadas deberán publicar anualmente la cantidad de prestaciones o estudiantes comprendidos, los montos facturados y percibidos, las exenciones otorgadas, los costos administrativos y el destino de los recursos.