El presidente del bloque de la UCR + Cambio Federal en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Diego Garciarena, en las últimas horas presentó un pedido de informes al Ejecutivo provincial de Axel Kicillof por el aumento de 1.200% de las licencias profesionales de conducir.
“Para miles de camioneros, colectiveros, choferes de ambulancias y transportistas, la licencia de conducir profesional no es un trámite: es una herramienta de trabajo, hoy, renovarla puede costar hasta $250.000”, advirtió Garciarena a través de su cuenta personal de X.
El aumento que generó la polémica comenzó a regir el 7 de julio de este año. Hasta entonces, el costo total del trámite para renovar las licencias profesionales de conducir rondaba los $20.000. Sin embargo, con la implementación del nuevo sistema, el valor puede alcanzar, en algunos casos, los $250.000.
En ese contexto, el legislador marplatense advirtió que “la imposibilidad de afrontar el costo de la renovación puede impedir que una persona continúe desarrollando su actividad, generar la pérdida de ingresos e incluso comprometer la continuidad de pequeñas unidades productivas familiares que dependen directamente del transporte”.
Ante este escenario, Garciarena presentó un pedido de informes a la administración kicillofista para conocer la composición exacta del costo actual del trámite, determinar qué proporción corresponde a tasas nacionales, provinciales o municipales y cuál deriva de los aranceles cobrados por prestadores privados.
“La transparencia en la conformación de estos valores resulta especialmente relevante cuando se trata de prestaciones obligatorias, cuya contratación no depende de una decisión voluntaria del trabajador, sino del cumplimiento de requisitos indispensables para acceder o renovar la licencia profesional”, alegó Garciarena.
En la solicitada, el legislador bonaerense boina blanca pidió saber el costo total que debe afrontar una persona para obtener, ampliar o renovar las licencias profesionales, así como detallar en términos nominales y porcentuales cuál fue el incremento total del costo del trámite.
También, Garciarena instó al Ejecutivo provincial a que exprese de manera detallada las causas que justifican dicho aumento en las licencias profesionales, consignando si, con anterioridad a la implementación del nuevo procedimiento, se elaboró algún estudio de costos o de impacto económico sobre los trabajadores alcanzados.
Para el legislador radical, una modificación de esta magnitud debió encontrarse precedida por un análisis que permitiera anticipar sus consecuencias económicas, evaluar alternativas menos gravosas y establecer medidas destinadas a evitar que los nuevos requisitos se transformaran en una barrera para el acceso o la continuidad laboral.
Por último, Garciarena pide conocer si el Poder Ejecutivo prevé implementar sistemas de compensación, subsidios, tarifas diferenciadas, planes de pago, bonificaciones o cualquier otra modalidad de asistencia económica para quienes utilizan las licencias profesionales como herramienta indispensable para su subsistencia.
“El acceso a la información solicitada permitirá establecer si el incremento se encuentra debidamente justificado, si los valores cobrados guardan relación con las prestaciones efectivamente brindadas y si existen controles suficientes para evitar abusos o desigualdades entre los distintos prestadores”, cerró Garciarena.
Vale precisar que, desde el Ministerio de Transporte bonaerense, que comanda Martín Marinucci, aclararon que esas modificaciones no fueron establecidas por la gestión de Axel Kicillof, sino que el nuevo esquema que trasladó las evaluaciones obligatorias a prestadores habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), fueron dispuestas por el Gobierno nacional a través del Decreto 196/2025.
En medio de la polémica por el incrementó exorbitante de las licencias profesionales, el bloque de diputados bonaerenses de La Libertad Avanza presentó un proyecto para que la obtención, renovación, ampliación o recategorización de las licencias profesionales de conducir sean gratuitas para policías, bomberos voluntarios, personal de Defensa Civil y trabajadores de los sistemas públicos de emergencias como el SAME.
Así, la propuesta busca que quienes desempeñan funciones de seguridad pública y atención de emergencias no deban afrontar ningún gasto vinculado al trámite de la licencia profesional que necesitan para cumplir con sus tareas. Entre los sectores alcanzados se encontraría el personal de la Policía bonaerense, integrantes de asociaciones de bomberos voluntarios, trabajadores de Defensa Civil, y todo aquel que integre los sistemas provinciales o municipales de atención prehospitalaria de emergencias.