El informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) arrojó este viernes graves inconsistencias en el crecimiento patrimonial del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que tendrá que brindar explicaciones ante la Justicia tras las vacaciones de invierno.
Es que, entre las últimas medidas dispuestas por el fiscal Gerardo Pollicita estaba el pedido a la DAFI para que elabore un informe integral sobre la evolución patrimonial y financiera del platense y su esposa, Betina Angeletti. Si bien no trascendieron detalles, la investigación no es favorable para el matrimonio.
Ante este escenario, tras la feria judicial de invierno, se estima que Pollicita de a conocer el requerimiento para que Adorni justifique sus bienes. Si las explicaciones no convencen, el fiscal deberá pedirle al juez federal, Ariel Lijo, a cargo de la causa, que lo cite a prestar declaración indagatoria.
La causa ya sumó numerosas pruebas: gastos que superan los USD 400 mil, deudas por USD 335 mil, consumos exorbitantes con tarjetas de crédito propias y ajenas, que le facilitaban funcionarios y amigos del área de Comunicación del gobierno, viajes de lujo y pagos cash en dólares.
Además, pasaron por la fiscalía varios testigos que comprometieron al ex funcionario nacional, entre ellos uno clave: el contratista Matías Tabas, quien declaró que Adorni le pagó USD 245 mil en efectivo por las refacciones destinadas a una vivienda ubicada en el barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
Los hallazgos llevaron a los investigadores a la hipótesis que desde que llegó a la función pública en diciembre de 2023, Manuel Adorni comenzó una vida muy por encima del estándar al que estaba acostumbrado antes de ser designado como vocero presidencial y jefe de Gabinete nacional.
Ante los medios, Adorni aseguró que su patrimonio proviene de “ahorros en negro” previos a la función pública, ganancias por inversiones en Bitcoin desde 2012 y dinero heredado, versión que deberá explicar ante la Justicia, tras concluir el informe de la DAFI.
Cabe destacar que, el platense esta imputado por presunto enriquecimiento ilícito. De comprobarse el hecho, la Justicia podría aplicarle una pena de 2 a 6 años de prisión, además de multas e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Sin embargo, si la investigación deriva también en una condena por otros delitos, como lavado de activos o falsedad documental, las escalas penales podrían ser mayores, según lo que determine la Justicia.