Mundialista: Crecen las dudas y especialistas sostienen que “lo razonable es anular todo”

La concesión del Parque Municipal de los Deportes de Mar del Plata, que incluye al Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y los espacios comunes del predio, atraviesa uno de sus momentos más delicados. Lejos de disiparse con el paso de los meses, las dudas sobre el proceso licitatorio parecen profundizarse a partir de nuevos elementos que alimentan las sospechas respecto de la transparencia y la viabilidad económica del proyecto adjudicado.

Mientras la investigación judicial avanza con marcada lentitud, distintos especialistas en Derecho Administrativo consideran que existen fundamentos suficientes para revisar de manera integral el procedimiento e incluso sostienen que “lo razonable es anular todo”, al entender que “se habrían vulnerado principios esenciales de la contratación pública.”

La denuncia penal por las presuntas irregularidades en la licitación y concesión del Estadio José María Minella es investigada por la UFI N° 10 de Delitos Económicos a cargo del fiscal Paulo Cubas. La misma se inició a partir de la denuncia impulsada por el fiscal Juan Manuel Pettigiani. Sin embargo, en ámbitos judiciales y políticos crecen los comentarios por el ritmo que ha adquirido la causa, situación que genera interrogantes en torno a un expediente considerado de alto impacto institucional para la ciudad.

Uno de los aspectos más cuestionados continúa siendo que la licitación terminó con un único oferente. Para especialistas consultados en materia de contratación pública, esa circunstancia obligaba a realizar un análisis particularmente riguroso sobre la capacidad financiera, patrimonial y operativa del adjudicatario antes de avanzar con la concesión.

Juristas advierten que la solvencia económica del oferente constituye una condición esencial del contrato administrativo y que no puede ser modificada posteriormente mediante el ingreso de nuevos inversores o accionistas.

No dudan en afirmar que “La oferta única debía haber conllevado un examen exhaustivo del presentante y de su respaldo financiero. Esa condición no se puede cambiar después”, remarcan.

En ese contexto, durante los últimos días se conoció un dato que volvió a encender las alarmas. La empresa Minella Stadium, concesionaria del Estadio Mundialista, el Polideportivo Islas Malvinas y los espacios comunes del Parque Municipal de los Deportes, registró este año 14 cheques rechazados por falta de fondos por un monto superior a los 220 millones de pesos.

La información figura en la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina y señala que los valores fueron rechazados durante el último mes. Los cheques habían sido emitidos a favor de personas jurídicas con cuentas en Br Capital, la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Concepción Limitada, Banco Santander y Banco Galicia.

Para diversos sectores, “este cuadro financiero no hace más que reforzar los cuestionamientos sobre la capacidad económica del adjudicatario”, un aspecto que, según sostienen, “debió haber sido determinante al momento de evaluar la única propuesta presentada en la licitación.”

A este escenario se sumó además la confirmación del desembarco del empresario Marcelo Fígoli como nuevo accionista mayoritario del proyecto. Fígoli, titular de Fénix Entertainment y referente de una de las principales productoras de espectáculos de América Latina, ya había manifestado interés en la concesión, aunque finalmente no participó de la licitación realizada en abril del año pasado.

Para allegados a la investigación, este cambio en la composición accionaria constituye un nuevo elemento de preocupación.

“El arribo de Fígoli sería la mayor demostración de que todo esto terminó siendo la entrega de un negocio financiero y no un verdadero proyecto de recuperación del complejo deportivo’, señalaron fuentes vinculadas a la causa.

En esa misma línea insistieron en que la incorporación posterior de un nuevo inversor no puede reemplazar el análisis que debía realizarse sobre el único oferente original. “La capacidad económica era una condición esencial del contrato. No puede modificarse después. Por eso, lo razonable es anular todo”, concluyeron.