En una semana de victorias legislativas para el oficialismo, la Corte Suprema de Justicia dio es jueves un nuevo revés contra el Gobierno nacional de Javier Milei, al ratificar la cautelar que obliga al Estado a implementar la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso nacional.
En la resolución, firmada por los tres ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó la presentación del Gobierno Nacional y dejó vigente la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Sin embargo, el fallo no cambia nada. Es que, luego de varios paros universitarios y de una nueva Marcha Federal, el pasado 10 de junio, el Ejecutivo nacional firmó un acuerdo con las universidades.
En rigor, a través de la cartera de Capital Humano, el oficialismo se comprometió a transferir fondos para un incremento salarial del 24,33%, un 20% en gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas para hospitales universitarios.
El acuerdo también contempló una actualización del 50% para las Becas Manuela Belgrano a partir de junio de este año. Además, las partes fijaron un cuarto intermedio hasta el 15 de septiembre en las paritarias con los gremios docentes para discutir la actualización de los salarios según la inflación acumulada.
Por tal motivo, la resolución firmada este jueves por la Corte Suprema no tiene efectos económicos concretos debido a que el aumento ya estaba acordado con las casas de altos estudios.
Vale recordar que, la causa nació a partir de un amparo colectivo impulsado por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y de distintas universidades nacionales.
En el planteo, las universidades instaron a que se declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, por el que el Estado dispuso que la Ley 27.795 solo podía ejecutarse una vez determinadas las fuentes específicas de financiamiento.
Frente a la presentación, la Justicia en lo contencioso administrativo federal había ordenado, como medida cautelar y antes de resolver el fondo del expediente, que el Gobierno cumpliera de inmediato una parte de la ley.
El dictamen alcanzó a los artículos referidos a la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, y a la recomposición de todos los programas del estudiantado.
Entre los argumentos, el tribunal advirtió que el incumplimiento podía provocar perjuicios graves y un deterioro salarial que afectara el derecho de enseñar y aprender. En esa evaluación, también consideró que el ahorro derivado de no aplicar la norma no resultaba significativo para el presupuesto de la Administración Pública Nacional
FALLO COMPLETO DE LA CORTE SUPREMA
