El diputado libertario Juan Osaba retiró la iniciativa bonaerense de desregulación inmobiliaria a pedido propio. Sin embargo, el Colegio local mantiene la guardia alta: el proyecto nacional del ministro de Desregulación sigue en pie y podría ingresar al Congreso en las próximas semanas. El impacto de una eventual desregulación es uno de los puntos que el Colegio marplatense viene poniendo sobre la mesa en sus conversaciones con legisladores. En Mar del Plata hay 1.070 colegiados activos. Berasueta advirtió que ese número, si se considera a los empleados, colaboradores y familias que dependen de esa actividad, “se podría llegar a cuadruplicar solo en Mar del Plata”.
El proyecto que buscaba desregular el mercado inmobiliario en el territorio de la Provincia de Buenos Aires fue retirado de la Cámara de Diputados bonaerense a pedido de su propio autor, el diputado provincial de La Libertad Avanza Juan Osaba. La noticia generó alivio en el sector, pero no tranquilidad. Porque en paralelo, el Gobierno avanza con el proyecto de desregulación inmobiliaria que impulsa el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, una iniciativa que busca modificar de manera profunda el funcionamiento del corretaje en la Argentina y ya genera un fuerte enfrentamiento entre cámaras empresariales, colegios profesionales y referentes del sector. En Mar del Plata, Verónica Berasueta, vicepresidenta primera del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, adelantó que ya están preparados para dar esa batalla también en los tribunales.
Un proyecto improvisado que no resistió el análisis
La iniciativa bonaerense, ingresada por el bloque de La Libertad Avanza, proponía suprimir la exclusividad que hoy tienen los martilleros y corredores públicos matriculados y permitir que “personas humanas o jurídicas no matriculadas” actuaran en el sector. El texto fue impulsado por el diputado provincial Juan Osaba y llevaba el acompañamiento de otros ocho legisladores de su bancada.
El borrador contemplaba cambios sobre el esquema actual como la eliminación de la exigencia del título universitario y de la matrícula obligatoria para ejercer, la habilitación de personas humanas y jurídicas para actuar como corredores inmobiliarios, y que los honorarios y las comisiones quedaran sujetos al libre acuerdo entre las partes, sin pisos mínimos ni topes máximos.
“Vemos con beneplácito que se haya bajado ese proyecto porque adolecía de muchos errores y desconocimientos”, señaló Berasueta en diálogo con el Retrato. Según explicó, el texto se contradecía en sus propios artículos: “Permite a todo el mundo hacer compraventa y después en un momento los sanciona en el mismo artículo”. Para la dirigente, el retiro era esperable una vez que el proyecto quedó expuesto al análisis jurídico.
De todos modos, aclaró que nadie en el sector celebra con ingenuidad: “No nos cabe la menor duda de que puede llegar a ir por otro proyecto un poco más amplio, por ahí un poco más trabajado”.
Sturzenegger no afloja
El frente nacional es el que más preocupa al Colegio. El borrador que impulsa Sturzenegger, que según fuentes del ministerio ingresaría al Congreso durante junio, apunta a eliminar la obligatoriedad de la matrícula y del título universitario para ejercer como corredor inmobiliario, habilitar el trabajo interjurisdiccional sin restricciones y liberalizar honorarios y comisiones.
En el evento “Real Estate 2026”, celebrado en la Universidad Católica Argentina, el ministro calificó como “una aberración social” que un colegio profesional fije un precio mínimo para los servicios inmobiliarios. Sturzenegger afirmó además que ese esquema “termina afectando al usuario final” y que “cuando una norma fija precios o restringe quién puede ofrecer un servicio, en realidad está transfiriendo ingresos de la sociedad hacia un grupo específico”.
Berasueta rechazó ese diagnóstico y planteó el argumento constitucional que el Colegio tiene listo para activar: “Es una incumbencia realmente provincial, es una facultad que la provincia no delegó a Nación, por lo cual se estaría rompiendo con el federalismo”.
Este no es un argumento nuevo. Según relató Berasueta, ya en los años noventa se vivió una situación similar: “El mismo abogado que tenemos en provincia ya estuvo presente en aquella situación y estamos preparados para llevar un poco de luz al tema y ver que no corresponde constitucionalmente esta desregulación como la quieren hacer”.
Mar del Plata: 1.070 matriculados y miles de familias en juego
El impacto de una eventual desregulación es uno de los puntos que el Colegio marplatense viene poniendo sobre la mesa en sus conversaciones con legisladores. En Mar del Plata hay 1.070 colegiados activos. Berasueta advirtió que ese número, si se considera a los empleados, colaboradores y familias que dependen de esa actividad, “se podría llegar a cuadruplicar solo en Mar del Plata”.
A nivel provincial, desde Martilleros BA aseguran que la actividad inmobiliaria genera empleo directo e indirecto para más de 200.000 familias en territorio bonaerense, y que una desregulación profunda podría precarizar el trabajo profesional, debilitar las inmobiliarias formales y favorecer la competencia desleal.
Por ahora, la estrategia del Colegio parte de la conversación política pero llega hasta la preparación judicial. Berasueta contó que tanto a nivel provincial como local vienen manteniendo reuniones con legisladores de distintas fuerzas. “Estamos tratando de echar un poco de luz al tema. Creo que están entendiendo la importancia de los colegios debido a todo lo que hemos podido ir conversando”, indicó.