Tras el intenso debate y una semana después de los incidentes de violencia en comisión, la ordenanza quedó aprobada con el respaldo del PRO, La Libertad Avanza, la UCR y la Coalición Cívica. La oposición coincidió en la necesidad de regular, pero cuestionó que el control quede en manos de las propias empresas.
El Concejo Deliberante de General Pueyrredon sancionó este jueves la ordenanza que regula el funcionamiento de las aplicaciones de transporte en el distrito. La votación terminó 14 a 10. A favor, el PRO, La Libertad Avanza, la Coalición Cívica, autora del proyecto original y la UCR+Nuevos Aires. En contra, Unión por la Patria, Acción Marplatense y el Frente Renovador.
El expediente había nacido en 2022, impulsado entonces por la concejala Angélica González, y atravesó cuatro años de idas y vueltas hasta llegar a este texto final. El cambio de fondo respecto de las versiones anteriores es que el Registro Municipal de Empresas de Tecnología de Movilidad inscribirá únicamente a las plataformas, no a los conductores, de hecho, hasta la semana pasada el proyecto se llamaba Registro de Prestadores de Transporte Privado de Personas mediante Plataformas Digitales. Como consecuencia, el municipio no tendrá un registro propio de choferes habilitados ni se establecerá un cupo, tal como reclamaban las entidades de taxistas y remiseros.
Lo que establece la norma
Los conductores deberán contar con licencia profesional D1 emitida en General Pueyrredon, lo que excluye a quienes operen con habilitaciones de otros distritos. Esa categoría no puede tramitarse por primera vez después de los 65 años ni antes de los 21, de modo que solo los mayores de 65 que ya la tuvieran vigente por renovación previa podrán seguir prestando el servicio. Los vehículos, autos y motos, no podrán superar los 15 años de antigüedad desde su patentamiento, lo que deja afuera a las unidades anteriores a 2011.
El punto más controvertido es el artículo 7, que delega en las propias empresas la responsabilidad de verificar que conductores y vehículos cumplan los requisitos exigidos. El plazo de adecuación al nuevo régimen será de 90 días desde la reglamentación.
El oficialismo: “Reglas claras” después de una larga espera
El concejal Horacio Taccone, de Acción Marplatense, abrió el tramo de posiciones: “Las aplicaciones son una realidad y la realidad no se puede tapar. Por eso creemos que es necesaria una regulación. Pero esta es una mala regulación. Y ante una mala regulación preferimos que no haya, porque esto lo único que va a ocasionar es una mayor cantidad de inconvenientes.” Adelantó así el rechazo de su bloque.
Por Unión por la Patria, el concejal Diego García también opinó negativamente: “De todos los proyectos que estuvimos trabajando este año, este es el peor de todos.” García cuestionó la velocidad del trámite tras los incidentes de violencia de la semana anterior y comparó la delegación del control en las plataformas con una escena de ficción: “Darle el control a las empresas suena irrisorio. Parece un capítulo de Los Simpson, faltan el Jefe Wiggum y el Alcalde Diamante. ¿Quién puede pensar que una empresa que justamente lo que hace es romper el mercado se va a autorregular?”
Su compañero de bloque, Pablo Obeid, coincidió en la necesidad de regular pero objetó la falta de garantías concretas: “La propuesta, como está escrita, no tiene ningún elemento que garantice que lo escrito como una voluntad vaya a pasar en la realidad.” También señaló que el artículo de sanciones remite a un código contravencional que no contempla siquiera esta actividad: “O es un descuido por las apuradas, o es la marca registrada de esta gestión que no piensa controlar nada.”
Quienes impulsaron el proyecto
Guido García, concejal de la Coalición Cívica e impulsor de la ordenanza, defendió el resultado final como un paso necesario tras años de tensión sin resolver, destacando que la norma incorpora exigencias de seguros, identificación y control, además de fijar responsabilidades concretas para las empresas. Subrayó que, a diferencia de la resolución administrativa adoptada recientemente por la Ciudad de Buenos Aires, en Mar del Plata el proceso se dio “con un debate en un recinto y con una mayor legitimidad”. “No estamos llegando al final de un recorrido, estamos dando un primer paso importante para la ciudad”, sostuvo.
Noelia Álvarez Ríos, de La Libertad Avanza, enmarcó la votación como una respuesta a una realidad ya instalada: “No estamos acá debatiendo si un transporte sí o un transporte no. Estamos acá para dar una respuesta a los vecinos que ya eligen esta actividad como medio de transporte, pero también a los que la eligen como fuente laboral.” Remarcó que el proyecto exige licencia profesional, seguro acorde y domicilio legal de las empresas en el partido, además de un correo electrónico habilitado para notificaciones.