Una semana después de la batalla campal en el Concejo Deliberante, el Retrato salió a la calle y consultó a choferes sobre la postura del Ejecutivo municipal. Coincidieron en pedir igualdad de condiciones, pero desconfían de la capacidad real de fiscalización municipal.
El debate sobre la regulación de las aplicaciones de transporte llegó a su punto de mayor tensión el 8 de junio, cuando una reunión de la Comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante terminó en un escándalo de violencia con taxistas y conductores de apps trenzados a golpes en pleno recinto. La sesión fue suspendida y el debate, postergado una vez más.
Días después, el Ejecutivo municipal tomó posición. En un documento firmado por el director general de Transporte, Federico Chioli, el gobierno de Agustín Neme dejó en claro que no observa obstáculos para el funcionamiento de plataformas como Uber, Cabify y DiDi, siempre que exista un marco regulatorio adecuado. La propuesta central es la creación de un registro de empresas (no de conductores) que deberán contar con domicilio legal en el partido, garantizar licencias profesionales categoría D1 para sus choferes, VTV para transporte de pasajeros y seguro habilitante. El municipio también señaló que no existen impedimentos para que el servicio se preste con distintos tipos de rodados, incluidas las motos.
Es la primera vez en más de cuatro años que el Ejecutivo fija posición pública sobre una actividad que, aunque opera al margen de la ordenanza 23.928, que prohíbe las aplicaciones desde 2019, gana cada vez más terreno en la ciudad.
“Que les exijan lo mismo que nos exigen a nosotros”
Nadie se opone a la regulación en sí misma. Lo que genera escepticismo es lo que viene después. Leandro Bassini, titular de la licencia 1141, planteó: “Nosotros estamos a favor de la regulación. Que les exijan lo mismo que nos exigen a nosotros. Por lo menos que tengan carnet profesional, seguro para pasajeros, que estén identificados de alguna forma y el modelo de los autos también.” No duda tampoco de la intencionalidad de la pelea en el Concejo “Fueron a hacer lío para levantar la sesión. Para retrasar más las cosas.”
José Luis, taxi 2000, coincidió: “Si las regularizan y hacen las cosas dentro de la ley, no estoy en contra. Para que todos trabajemos en las mismas condiciones. Como decía alguien: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada.”
El problema del control
Un punto discutible del debate no es la regulación en sí, sino quién y cómo la va a hacer cumplir. José Luis señaló: “Si lo hacen como hasta el presente, no le tengo confianza. Lamentablemente nadie controla nada en Mar del Plata. No solo en el taxi, sino en cualquier otra cosa.”
Juan Pereyra, licencia 4040, planteó: “Van a tener que parar a todos los coches que encuentren en la calle para saber si es Uber o no. ¿Y cómo lo sacan?” Indicó además que el ejemplo de Buenos Aires no es alentador: “Quisieron controlarlo y fue peor, anduvieron más aplicaciones todavía.”
“Una remisería trucha organizada a nivel mundial”
Ezequiel González, licencia 1537, cuestionó el modelo de negocio y apuntó contra la lógica extractiva de las plataformas: “Tributan en los Países Bajos, no dejan un peso en la Argentina. Toman a cualquiera de chofer. Es como una remisería trucha.” González sostuvo que la solución debería haber ido por otro camino, con más licencias de taxi y remís, turnos de ocho horas y reconocimiento del oficio como trabajo formal. “Nosotros vivimos de esto. Y si nos gusta el oficio que hacemos, ¿por qué tenemos que cambiar de trabajo? Lo disfrutás y no lo podés hacer.” Agregó que ni el municipio, ni el Estado nacional, ni las aplicaciones, están dispuestos a reconocer el daño económico causado a los choferes: “Los choferes son los más perjudicados y nadie les va a pagar un peso indemnizatorio.”
Esa percepción tiene cierto respaldo, ya que el pasado 3 de Junio un grupo de ocho taxistas marplatenses presentó una demanda contra Uber, DiDi y Cabify reclamando $848 millones en concepto de indemnización por competencia desleal, y solicitaron que la Justicia ordene a las plataformas cesar sus operaciones en el municipio hasta contar con habilitación local.
En el Concejo, mientras tanto, el proyecto que más avanzó es el del bloque de La Libertad Avanza, que crea un Sistema Unificado de Movilidad Individual de Personas, habilita tarifas libres para todos los prestadores y propone una tasa del 1% sobre la facturación de las plataformas digitales. La Coalición Cívica, por su parte, impulsó una versión con menos exigencias para las empresas. Ninguno de los dos proyectos llegó a votación.