Santiago de Compostela 1943 S.A. acusó a integrantes de la Asamblea por los Bienes Comunes de Chapadmalal de usurpación y pidió el desalojo con fuerza pública. El representante legal del colectivo respondió que la empresa no tiene posesión válida del predio porque incumplió la ley ambiental provincial, y negó vínculos con la política o los empresarios que quedaron fuera de la licitación.
El conflicto por la Unidad Turística Fiscal Playa Redonda, la última playa sin concesión de Chapadmalal, escaló en el plano judicial. Liliana Albano, presidenta del directorio de Santiago de Compostela 1943 S.A., presentó una denuncia penal por usurpación ante el Agente Fiscal contra integrantes de la Asamblea por los Bienes Comunes de Chapadmalal y solicitó el desalojo inmediato del predio con auxilio de la fuerza pública. La Asamblea respondió a través de su representante legal, Lucas Landivar, argumentando que la empresa no cumplió los requisitos ambientales exigidos por la ley provincial y, por lo tanto, su posesión del predio carece de validez jurídica.
El conflicto, desde el principio
Para entender la denuncia hay que retroceder varios meses. El Ente Municipal de Turismo y Recreación y Cultura (EMTURyC) adjudicó en abril la concesión de Playa Redonda, una UTF de 45.500 metros cuadrados ubicada en calle 749 y la costa de Chapadmalal, a Santiago de Compostela 1943 S.A., firma vinculada al publicista Roberto Fiocca, pareja de Albano y su principal socia comercial. La empresa se había presentado en un primer llamado licitatorio sin éxito y triplicó su oferta en el segundo. El contrato establece un canon anual de 90 millones de pesos, dos años de gracia para el pago mientras duren las obras, y una concesión de 20 años prorrogable por otros seis.
Desde el inicio, la Asamblea por los Bienes Comunes de Chapadmalal cuestionó el proceso. La confección de los pliegos, los criterios de evaluación y la decisión final estuvieron a cargo exclusivamente del Ejecutivo municipal a través del EMTURyC, sin intervención del Concejo Deliberante ni de la Unidad de Gestión de la Reserva Forestal.
La Asamblea identificó al menos nueve incumplimientos sustanciales en el proceso de concesión, entre los que figura la ausencia de una Evaluación de Impacto Ambiental, exigida por el artículo 11 de la ley provincial 11.723 para intervenciones sobre yacimientos paleontológicos y reservas de valor patrimonial. En mayo, tras la confirmación de la adjudicación, la Asamblea se plantó físicamente en la playa y anunció acciones judiciales para solicitar la suspensión preventiva de la concesión.
La denuncia penal
Con la empresa avanzando hacia la toma de posesión, el conflicto derivó en sede judicial. En su presentación ante el Agente Fiscal, patrocinada por el Dr. Fernando Guerrico, Albano acusó a Kanki Alonso, Tomás Hermida, Mariana Pontano y otros integrantes de la Asamblea de haber actuado “de manera clandestina y subrepticia”: roto el candado del portón de ingreso al predio, obstaculizado el acceso con ramas, escombros y camiones de tierra para impedir el ingreso de maquinaria, y despojado a la empresa de la posesión que, según afirma, ya detentaba.
Junto con la denuncia, la empresa solicitó el desalojo inmediato con fuerza pública, el secuestro de un vehículo presuntamente involucrado, una prohibición de acercamiento hacia Albano y el predio, y la citación del EMTURyC como tercero interesado en su carácter de propietario del inmueble. La presentación también señala antecedentes: según la denunciante, algunos de los acusados habrían sido investigados por conductas similares en conflictos previos vinculados al balneario Arameo.
La respuesta: “No tienen la posesión del predio”
Landivar rechazó tanto la descripción de los hechos como la validez jurídica de la denuncia. “Fue absolutamente pacífico. El tránsito que hubo sobre Playa Redonda es el normal y habitual de hace 40 años”, afirmó en diálogo con el Retrato. Explicó que la playa siempre estuvo bajo el cuidado de una asociación civil conservacionista marplatense, a la que el municipio le quitó la guarda sin procedimiento administrativo, dejando el espacio sin responsable. En ese marco, la presencia de los vecinos no configura intrusión sino continuidad del cuidado histórico del lugar.
El argumento jurídico central, sin embargo, es que “el concesionario técnicamente no puede iniciar una denuncia por usurpación porque no tiene la posesión del predio e incumplió el artículo 11 de la ley 11723 al no presentar la evaluación de impacto ambiental”, sostuvo Landivar. Sostienen que la entrega de posesión es nula de origen, ya que aún no se ha cumplido con la evaluación de impacto ambiental entre otros puntos.
Los nombres que circulan y la respuesta de la Asamblea
En paralelo al litigio, circula una versión sobre apoyos externos al colectivo ambientalista, que involucran a la senadora provincial de Fuerza Patria Fernanda Raverta, el concejal de Accion Marplantense Gustavo Pulti, con quien Fiocca mantendría una relación conflictiva de larga data, y los empresarios Jerónimo Mariani y Martín Diego Gambini, este último vinculado a ANJUFA S.A., firma que quedó fuera del proceso licitatorio. La lectura política que se hace desde el entorno de la empresa es que Pulti habría decidido involucrarse con vistas a las elecciones de 2027, utilizando el conflicto ambiental para disputarle poder a Raverta en la interna peronista.
Landivar lo negó de manera rotunda: “La Asamblea por los Bienes Comunes de Chapadmalal no recibió el apoyo de Gustavo Pulti, de Fernanda Raverta ni de esos empresarios”.
El escenario que se abre
Con la solicitud de desalojo con fuerza pública en manos del Ministerio Público Fiscal, la Asamblea definió su postura frente a un eventual operativo policial: “Si llega la policía con una orden de desalojo, nos vamos a hacer a un lado”, afirmó Landivar. “Dar una orden judicial contra vecinos que cuidan el área frente a los incumplimientos de la Municipalidad de General Pueyrredón demuestra que la ilegalidad es lo que prima acá”.
Del lado de la empresa, la posición oficial sostiene que el proyecto contempla un esquema de intervención “siglo XXI” y que están dispuestos a abrir una mesa de intercambio para presentar detalles técnicos y ambientales. La paradoja, como señala Landivar, es que el primer gesto concreto hacia la comunidad fue una denuncia penal pidiendo el desalojo de quienes cuidan el lugar.